El Tratado de Lisboa introdujo la iniciativa de los ciudadanos. El 14 de junio, el Consejo de Asuntos Generales alcanzó un acuerdo sobre los detalles prácticos para llevar a cabo esta importante innovación en el funcionamiento democrático de la UE. La Presidencia negociará ahora los detalles con el Parlamento Europeo.

El objetivo de la iniciativa de los ciudadanos europeos es acercar a la UE a sus ciudadanos y fomentar un mayor debate transfronterizo sobre cuestiones de la UE. Permitirá que los ciudadanos inviten a la Comisión a presentar  propuestas legislativas sobre cuestiones específicas si reúnen al menos un millón de firmas procedentes de un número significativo de Estados miembros.

La propuesta establece como número "significativo" un tercio de los países de la UE, así como una clave para calcular el número de signatarios necesarios de cada Estado miembro.

También se establecen los procedimientos y las condiciones para registrar una iniciativa y la comprobación de las firmas. La iniciativa propuesta debe pertenecer al ámbito de competencias de la UE y ser coherente con los valores de la Unión. El texto también contiene disposiciones destinadas a prevenir el riesgo de abuso potencial y la sobrecarga del sistema.

La “Iniciativa Ciudadana” es uno de los muchos cambios introducidos por el Tratado de Lisboa que entrará en vigor próximamente. Está pensada para que la UE sea más democrática y los ciudadanos tengan una voz más directa en lo referente a sus políticas. Los europeos pueden ya hacer peticiones al Parlamento y votar en las elecciones parlamentarias

De conformidad con la propuesta, el apoyo a una iniciativa puede registrarse tanto en papel como en línea. Una vez presentada, los organizadores dispondrán de un año para recoger el millón de firmas requeridas. Deberán presentar además información sobre laS fuentes de financiación y apoyo a su iniciativa. La Comisión decidirá sobre la admisibilidad de una iniciativa cuando se hayan recogido cien mil firmas.

Dada la importancia de la Iniciativa Ciudadana y la complejidad de algunas de las cuestiones que planteaba, la Comisión planteó una consulta pública con la adopción de un libro verde sobre la materia en noviembre de 2009. Se recibieron 330 respuestas, que se incorporaron a la preparación de la propuesta.