Los acusados en asuntos penales transfronterizos deben tener derecho a la apelación, a la representación y a obtener ayuda de traducción. Eso ha ha afirmado el Comité de Libertades Civiles del Parlamento Europeo. Estos derechos se insertan en una propuesta del Consejo para garantizar que la gente no pueda ser juzgada dos veces por el mismo delito en dos Estados miembros diferente. La propuesta será votada en pleno la semana que viene.

La reunión del Comité de Libertades Civiles del Parlamento estudió una propuesta del Consejo por la cual se pretende garantizar que una persona no sea juzgada en paralelo por un mismo delito en dos Estados miembros diferentes, sino que todo el proceso se concentre en el mismo Estado. De aprobarse la propuesta, las autoridades judiciales se verían obligadas a intercambiar un mínimo de información en casos penales transfroterizos.

Las enmiendas del Comité tienen el objetivo de fortalecer los derechos de procedimiento: la persona formalmente acusada debe tener derecho a recurrir, a ser representado y a recibir una traducción, interpretación y asistencia jurídica apropiadas. Los eurodiputados también añadieron la prohibición de compartir información que tenga que ver con temas raciales, étnicos, de religión, creencias u orientación sexual.

¿Qué jurisdicción aplicar?

La agencia de cooperación judicial Eurojust debería tener un papel más importante en el proceso, afirmaron los eurodiputados,  Además, aunque la propuesta del Consejo cita la cooperación y el consenso como principios rectores para evitar conflictos, la ponente lamentó que la propuesta "no prevea un mecanismo para resolver realmente los conflictos de competencia ni para establecer criterios adecuados que delimiten qué Estados miembros deben tener la jurisdicción ".

Los eurodiputados adoptaron el informe de Renate Weber (ALDE, Rumanía), con 46 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones.

Hoy por hoy, ya existe una cooperación judicial transfronteriza entre Estados miembros de la UE en cuanto a materias civil y mercantil, gracias a una diretiva de 2001 que fue modificada en 2008. Esta red de cooperación es un claro ejemplo acceso efectivo de los ciudadanos a la justicia en el marco de litigios transfronterizos.