La Eurocámara ha adoptado, con 552 votos a favor, 105 en contra y 34 abstenciones, una directiva que introduce sanciones contra los empresarios que contraten a inmigrantes en situación irregular. Esta legislación complementa a otras iniciativas, como la directiva de retorno o la “tarjeta azul” para inmigrantes cualificados, que tienen como objetivo reforzar la lucha contra la inmigración ilegal favoreciendo los canales de inmigración legal.
 
La directiva introduce penas mínimas a escala europea, entre ellas multas, la exclusión de las subvenciones y ayudas públicas, tanto nacionales como europeas, durante un periodo de cinco años y el pago de los salarios atrasados. Una vez que el Consejo de el visto bueno formal a esta directiva, los países miembros tendrán dos años para transponerla a sus legislaciones nacionales.

La nueva legislación establece que los castigos no se impondrán sólo a las personas físicas que infrinjan la normativa, sino que también se aplicarán a las personas jurídicas, algo que la legislación española en materia de extranjería no contemplaba.

Multas y sanciones penales

El texto prevé la aplicación de sanciones penales contra los empleadores en caso de reincidencia, si se contrata a un gran número de personas en situación irregular, si las condiciones de trabajo están marcadas por la explotación, si la persona contratada es víctima del tráfico de seres humanos o si se trata de un menor.

La legislación sobre inmigración española sólo prevé sanciones penales para los empresarios que contratan a personas que han sido víctimas del tráfico de seres humanos, por lo que tendrá que ampliarse para dar cabida a los supuestos anteriores.
 
El empresario que infrinja la directiva tendrá que devolver las ayudas percibidas durante el año anterior y deberá hacer frente a una multa proporcional al número de inmigrantes en situación irregular empleados. Además, tendrá que abonar una suma igual a la cantidad de impuestos y cotizaciones que habría pagado si el trabajador tuviese un contrato legal y, si es necesario, también se hará cargo de los gastos relacionados con el retorno del inmigrante.

Defendidos por sindicatos

Según la nueva directiva, los países de la UE designarán asociaciones y sindicatos que representarán a los inmigrantes y les prestarán ayuda para denunciar a los empresarios. Estas organizaciones no podrán ser perseguidas por la justicia por ayudar a personas en situación irregular. Los inmigrantes que cooperen con la justicia para identificar a sus empleadores podrán recibir permisos de estancia temporales.

Los países realizarán, además, inspecciones regulares para controlar la contratación de extranjeros en situación irregular. Asimismo, exigirán a los empleadores que verifiquen que sus trabajadores procedentes de terceros países presentan un permiso de residencia válido.