La Eurocámara ha respaldado la introducción de un mecanismo de "tarjeta azul" para atraer a la Unión Europea a los trabajadores altamente cualificados de terceros países. Los eurodiputados solicitan clarificar los requisitos de admisión y piden a los Estados miembros que no "roben" cerebros a estos países, especialmente en sanidad y educación. La tarjeta tendrá una validez de tres años, se podrá renovar y complementará a los sistemas nacionales de admisión.

El Parlamento Europeo (PE) subraya que frente a los países de inmigración tradicionales, como Estados Unidos, Canadá o Australia, la UE ocupa un puesto relativamente bajo en la competición por los mejores “cerebros”. Solamente el 5,5% de los emigrantes altamente cualificados de los países del Magreb vienen a la UE, mientras que cerca del 54% eligen Estados Unidos o Canadá. Por lo que se refiere a los trabajadores muy cualificados de todos los terceros países, la UE, con una cuota del 1,72% del empleo total, también está muy por detrás de otros países como Australia (9,9%), Estados Unidos (3,2%) y Suiza (5,3%).

Una de las causas principales del escaso poder de atracción de la UE es que en la actualidad cuenta con 27 sistemas de admisión diferentes que obstaculizan la movilidad de los trabajadores altamente cualificados procedentes de terceros países entre los distintos Estados miembros. La tarjeta azul tiene como objetivo atraer a estos trabajadores dándoles acceso a los Veintisiete Estados miembros de la UE. La tarjeta no sustituirá a los sistemas nacionales existentes, sino que conformará un canal adicional de atracción, con un procedimiento común de admisión.

No obstante, la Eurocámara considera necesario clarificar los requisitos de admisión. Los solicitantes deberán encontrar un empleo en la Unión Europea y poder acreditar al menos cinco años de experiencia en el sector o un título universitario reconocido por los Estados miembros. Además, los diputados destacan que el sueldo del solicitante debe ser como mínimo 1,7 veces el salario medio anual del Estado miembro de residencia y no podrá ser “inferior al sueldo que percibe un trabajador comparable en el Estado miembro de acogida”.

La tarjeta azul también podrá concederse a los nacionales de terceros países que ya residan legalmente en la Unión al amparo de otros regímenes, pero no se otorgará a los solicitantes de asilo o trabajadores temporeros en un Estado miembro, ya que en estos casos se aplican otras normas. Al otorgar una tarjeta azul, el Estado miembro se compromete a expedir cuanto antes la documentación y los visados necesarios para el trabajador.

Duración de la tarjeta azul

La tarjeta azul debería tener una validez de tres años (y no dos como propuso la Comisión) y se renovará por otros dos años como mínimo. Si el contrato abarca un periodo inferior a dos años, la tarjeta azul se expedirá por el periodo de duración del contrato más seis meses.

Tras tres años de residencia legal en un Estado miembro como titular de una tarjeta azul, la persona interesada podrá desempeñar otro trabajo altamente cualificado en otro país de la UE.

Preferencia a los comunitarios

El informe parlamentario pone de manifiesto que los Estados miembros deberían tener la potestad de decidir cuántas tarjetas azules expiden cada año. La concesión de la tarjeta no puede ser vista como un "derecho", y puede ser rechazada incluso si se cumplen todos los criterios de elegibilidad. Los países de la UE darán preferencia a los ciudadanos de la Unión y podrán rechazar a los titulares de una tarjeta azul concedida en otro Estado miembro para facilitar el acceso al mercado laboral a sus nacionales u otros ciudadanos comunitarios.

Por otra parte, el PE hace hincapié en que los Estados miembros no deberán tratar de atraer a personas muy cualificadas en sectores en los que ya existe escasez de especialistas en el país tercero, especialmente en sanidad y educación.