El 13 de febrero de 2009 la Comisión Europea ha presentado al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones su Comunicación referente a la propuesta de informe conjunto sobre protección social e inclusión social (2009) (COM(2009) 58 final).

Entre 2001 y 2007, el crecimiento económico medio en la UE fue del 2,1% anual. La tasa de empleo en 2007 había aumentado al 65,4%, principalmente gracias al aumento del empleo femenino y de los trabajadores de más edad. La creación de nuevos puestos de trabajo ha contribuido a reducir la proporción de hogares desempleados del 10,2% en 2005 al 9,3% en 2007, aunque ha beneficiado solo de manera marginal a las familias desempleadas con hijos.

No obstante, los últimos datos indican que el 16% de los europeos siguen expuestos al riesgo de pobreza. La mejor protección para evitar esto es un empleo de calidad; sin embargo, la tasa de trabajadores pobres (8%) pone de manifiesto que no todos los empleos ofrecen esa garantía.

En este contexto, la contribución de la política social es fundamental. La aplicación de políticas sociales adecuadas no solo servirá para atenuar el impacto social negativo en los grupos más vulnerables, sino también para mitigar las consecuencias de la crisis en el conjunto de la economía.

De acuerdo con la Comisión, las víctimas más castigadas por la crisis serán aquellos hogares en los que su principal sostén económico se encuentre en una situación de desventaja en el mercado de trabajo y en la sociedad. De ahí la necesidad de contar con redes de protección social lo suficientemente resistentes para sostener a estas personas y lo suficientemente eficaces para que reanuden su participación activa en el mercado de trabajo y la sociedad.

PRINCIPALES ASPECTOS DEL INFORME PROPUESTO POR LA COMISIÓN

Combatir la pobreza y la exclusión social

• Las medidas adecuadas de flexiseguridad se apoyarán en políticas activas del mercado de trabajo para facilitar las transiciones, prevenir el desempleo de larga duración, evitar el recurso a la jubilación anticipada para regular la oferta de mano de obra, mejorar las competencias y asegurar los periodos de transición.
• Son necesarias medidas globales de inclusión activa para mejorar la situación de los que más apartados se encuentran del mercado laboral.
• Adaptar las prestaciones, cuando sea necesario, a fin de garantizar un apoyo adecuado a los beneficiarios.
• Se espera un aplazamiento de los planes de modernización y desarrollo de las infraestructuras locales de atención sanitaria y de cuidados de larga duración.
• Los niños están más expuestos al riesgo de pobreza (19 % en la EU-27) que el conjunto de la población. Esta situación no ha mejorado desde 2000. La mayoría de los Estados miembros prevén el refuerzo de sus estrategias y la aplicación de un enfoque más integrado y pluridimensional. La mayoría ha integrado la pobreza infantil en ámbitos como los ingresos y los salarios mínimos, la conciliación de la vida familiar y profesional y los servicios de ayuda a las familias.
• Los romaníes se enfrentan a múltiples desventajas y forman parte de los grupos más excluidos de las sociedades europeas.
• Los Informes Estratégicos Nacionales confirman la prioridad otorgada en 2006 a la inclusión de los inmigrantes.
• La inclusión de las personas con discapacidad sigue siendo objeto de atención, aunque la integración de la discapacidad sea todavía muy limitada y los Informes Estratégicos Nacionales raras veces se refieran a la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuya ratificación está en curso.
• La mayoría de los Estados miembros sitúan la inclusión activa entre sus prioridades.
• El fenómeno de las personas sin hogar constituye una de las formas de exclusión más graves, y es preciso intensificar los esfuerzos en algunos Estados miembros para lograr una mayor oferta de viviendas a precios asequibles.
• La exclusión financiera debe tenerse imperativamente en cuenta en cualquier estrategia para combatir la pobreza.

Pensiones

• La duración normal de la vida activa debe prolongarse y los informes muestran que los Estados miembros están comenzando a retrasar la edad de jubilación en los regímenes obligatorios. Las posibilidades de abandono temprano de la vida activa y los incentivos a la jubilación anticipada se están suprimiendo.
• Las interrupciones de la carrera profesional pueden reducir de manera significativa la adecuación de las pensiones.
• Cabe la posibilidad de que el diseño actual de la fase de pago de los regímenes de pensiones por capitalización ofrezca una protección insuficiente contra el riesgo de longevidad, la inestabilidad y la inflación.

Sanidad

• Persisten las desigualdades en cuanto a la situación sanitaria y la esperanza de vida entre grupos socioeconómicos diferentes y regiones diferentes. Los datos apuntan a una relación clara entre la mala salud y la pobreza, el desempleo y el bajo nivel educativo.
• Todos los países perciben la atención primaria como la manera de mejorar el acceso, garantizar la coordinación de la asistencia y contribuir a la sostenibilidad, más aún en aquellos lugares con escasos recursos.
• La promoción de la salud y la prevención de enfermedades se consideran prioritarias en todos los países para mejorar la salud y la capacidad funcional, reduciendo de este modo la necesidad de tratamientos y mejorando la sostenibilidad.
• Los Estados miembros prosiguen sus esfuerzos para mejorar la eficacia y la eficiencia mediante la racionalización de los costes y la introducción de mecanismos de  distribución de estos últimos.
• Los Estados miembros conceden cada vez más importancia al tema de la calidad, y describen distintas iniciativas encaminadas a ofrecer a sus ciudadanos asistencia sanitaria y tratamientos preventivos de buena calidad y seguros.
• La coordinación de la asistencia sigue siendo un problema.
• Se reitera el compromiso de garantizar un acceso universal a los cuidados de larga duración de gran calidad y al alcance de todos.

En esta misma línea, el pasado mes de noviembre, la Comisión publicó sus recomendaciones sobre la inclusión activa de las personas excluidas del mercado laboral, que ponen de relieve que la persistencia de la pobreza y el desempleo y la creciente complejidad de las desventajas múltiples requieren soluciones políticas globales e integradas.