Los ministros celebraron una intensa sesión de debate en el primer día del Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo, tratando algunos de los asuntos más esperados en el orden del día. Entre otras cuestiones, el Consejo convino en que la postura del Parlamento sobre la ampliación del permiso de maternidad a 20 semanas, es poco razonable bajo las circunstancias actuales. Los Ministros trataron asimismo sobre los progresos realizados en la directiva sobre igualdad de trato y adoptaron dos series de conclusiones en materia de género. Además de estas cuestiones, los ministros también intercambiaron puntos de vista sobre las políticas de empleo en el marco de la Estrategia 2020 y mantuvieron un debate político sobre el futuro de las pensiones.

En el transcurso del debate político mantenido entre los ministros en el seno del Consejo acerca de la propuesta de Directiva destinada a mejorar la protección de las trabajadoras embarazadas, que hayan dado a luz o que se encuentren en período de lactancia, una gran mayoría de ministros consideró que las enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo en primera lectura, en particular la solicitud de prórroga del período mínimo de permiso de maternidad a 20 semanas manteniendo el sueldo íntegro, no constituyen una base razonable para las negociaciones, teniendo en cuenta las consecuencias financieras de tal medida. Hicieron también hincapié en que una directiva debería establecer normas mínimas, respetando el principio de subsidiariedad y la diversidad de las situaciones en los distintos Estados miembros.

En base a esto, la Presidencia belga llegó a la conclusión de que la propuesta original de la Comisión de prorrogar la duración mínima del permiso de maternidad de 14 a 18 semanas puede ser una opción más aceptable para llegar a un compromiso que las enmiendas propuestas por el Parlamento Europeo. Esta propuesta de la Comisión forma parte del paquete de medidas encaminadas a mejorar la conciliación de la vida familiar y laboral. Otra elemento de este paquete de medidas fue una propuesta de directiva sobre igualdad de trato de los trabajadores por cuenta propia y sus cónyuges colaboradores, ya aprobada por el Consejo el 24 de junio de 2010.

Directiva sobre el principio de igualdad de trato

Los ministros también celebraron un debate acerca de la propuesta de la Comisión de ampliar la protección contra la discriminación por motivos de religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual a ámbitos fuera del mercado laboral, como es el caso de la protección social, incluida la seguridad social y de salud, los beneficios sociales, la educación, así como el acceso a bienes y servicios, incluida la vivienda.

Dada la complejidad de las áreas a que se refiere la propuesta, y puesto que no hay perspectivas actuales para lograr la unanimidad en el Consejo, la Presidencia belga ha optado por un enfoque específico centrado en dos áreas: los servicios financieros y la vivienda. La Presidencia tiene como objetivo lograr una mayor claridad en las disposiciones relativas a las diferencias legítimas basadas en la edad y en la discapacidad que se hacen en el ámbito de los servicios financieros, así como redactar con más claridad los textos que rigen la vivienda, como los relacionados con el alcance y el significado de " mejora ".

Igualdad de género

Los ministros reunidos en el Consejo adoptaron dos series de conclusiones sobre la igualdad de género. En el primer documento titulado "Apoyo a la aplicación de la estrategia de la Comisión Europea sobre la igualdad entre mujeres y hombres 2010-2015", el Consejo acoge con satisfacción la estrategia de la Comisión y pone de relieve sus vínculos con la estrategia Europa 2020. En el segundo conjunto de conclusiones se refiere a la lucha contra las desigualdades de salarios entre hombres y mujeres. Al adoptar el texto, los ministros destacaron la necesidad de una comprensión más detallada de la brecha salarial de género, que todavía alcanza un promedio del 18% en la UE.

Las conclusiones invitan a los Estados miembros a adoptar o aplicar una amplia serie de medidas encaminadas a hacer frente a todo el abanico de causas que provocan la brecha salarial vinculadas a las desigualdades del mercado laboral entre mujeres y hombres, y a que coordinen las acciones llevadas a cabo por todas las partes implicadas a todos lo niveles y particularmente los interlocutores sociales.