Los cuatro ponentes del informe que está siendo elaborado en el seno de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo acerca de los aspectos prácticos de la aplicación y puesta en funcionamiento de la iniciativa ciudadana, han presentado en el seno de la Comisión los que son los principales elementos de debate. En aras de la simplicidad, los europarlamentarios proponen entre otras cuestiones el test temprano de admisibilidad, la reducción de los Estados miembros representados, así como la eliminación del requisito de identificación de los firmantes.

Tras la introducción de la iniciativa ciudadana europea en el Tratado de Lisboa como un medio para incrementar la democracia y la participación ciudadana en la elaboración de las políticas de la Unión, existen aún importantes aspectos prácticos que aclarar para su plena aplicación. Pese a que el Tratado otorga la posibilidad de que un millón de ciudadanos puedan pedir a la Comisión que proponga una nueva norma comunitaria, cuestiones como la elegibilidad de las propuestas, el número de los Estados miembros representados están siendo tratados en el Parlamento por un grupo de ponentes que representan a los principales grupos políticos de la Cámara.

El Parlamento propone un test de admisibilidad temprano y reducir el "número significativo" de Estados necesarios

Los ponentes del informe del Parlamento sugieren, contrariamente a la propuesta de la Comisión de que se verifique la admisibilidad de la iniciativa sólo después de que se hayan reunido ya 300.000 firmas, que se haga dicho control de elegibilidad en el momento en el que la iniciativa es registrada en la web de la Comisión, como una forma de garantizar que los ciudadanos acaben firmando iniciativas que luego no van a llevar a ninguna parte.

Para garantizar que las iniciativas son serias y tienen una dimensión europea, el borrador de informe sugiere la creación de un comité de ciudadanos con al menos siete miembros de siete estados diferentes, encargado de registrar las iniciativas. Miembros de la Comisión Parlamentaria y representantes de la Comisión también discutieron acerca de los criterios que deben aplicarse en este examen de admisibilidad, más allá de la "dimensión europea" de la iniciativa.

El Tratado de Lisboa también dice acerca de la iniciativa ciudadana europea que los firmantes tienen que proceder de un "número significativo" de Estados miembros. La Comisión y el Consejo se han mostrado partidarios de que esta cifra se sitúe en un tercio de los Estados miembros, mientras que los ponentes del Parlamento sostienen que una quinta parte de los Estados sería suficiente, lo que reduciría el número de Estados miembros de nueve a seis países.

El borrador de informe del Parlamento aborda también el objetivo de la simplificación de los requisitos de identificación de los firmantes de la iniciativa mediante la supresión de la obligación de aportar su número de tarjeta de identidad en el momento de la firma. Esta sugerencia ha sido no obstante, rechazada por un representante del Consejo, quien argumentó que los Estados miembros tienen que ser capaces de verificar la autenticidad de las firmas.

Después de la reunión de octubre para tratar el informe sobre la iniciativa ciudadana, y del debate en Comisión parlamentaria de noviembre, la Comisión de Asuntos Constitucionales tiene previsto votar el informe sobre la iniciativa de los ciudadanos en su próxima reunión que se celebrará entre el 29 y 30 de noviembre. La votación en el Pleno podría celebrarse entonces en diciembre. Una vez salga adelante, los Estados miembros han solicitado ya un periodo de 12 meses para adaptar el ordenamiento nacional a la nueva legislación.