La Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo reunido en Bruselas el 5 de octubre, debatió acerca del mejor modo de reducir la burocracia y hacer más fácil para los ciudadanos la presentación de sus iniciativas con el fin de iniciar procesos legislativos. La introducción de una prueba de admisibilidad al comienzo del proceso, así como el establecimiento de criterios estables y claros para su evaluación fueron puntos clave del debate.

La co-ponente del Parlamento Europeo Zita Gurmai planteó varias sugerencias realizadas por el grupo de los cuatro ponentes que trabajan en los planes de la iniciativa ciudadana, que permitirá a grupos de al menos un millón de ciudadanos comunitarios de varios Estados miembros pedir a la Comisión Europea que presente sus propuestas legislativas. La diputada Gurmai sugirió que una prueba de admisibilidad de las propuestas formuladas en una etapa muy temprana dentro del proceso sería beneficioso, e hizo hincapié en que conseguir un millón de firmas de apoyo a las propuestas ciudadanas merece algo a cambio, al menos el derecho a ser oído.

La Comisión parlamentaria contó con la presencia de dos invitados, el profesor Jürgen Meyer y las es diputada Sylvia-Yvonne Kaufmann, que se mostraron contrarios a la propuesta de la Comisión de que todos los firmantes de una propuesta ciudadana deban aportar sus números de documentos de identidad. Aunque este parece ser la posición más generalizada general, otro co-relator señaló que sería recomendable al menos establecer un sistema uniforme para verificar la identidad de los firmantes.

La propuestas de la Comisión de que el control de admisibilidad se haga sólo después de recoger 300.000 firmas, fue rechazada por los miembros de la Comisión, quienes proponen establecer una serie de pruebas de admisibilidad rápidas basadas en otros criterios. La Comisión por su parte admitió estar considerando esa opción. La naturaleza de estos criterios de admisibilidad fue también objeto de debate en la Comisión parlamentaria entre los eurodiputados y la Comisión.

Ambos expertos invitados respaldaron la ampliación del plazo de recogida de firmas de 12 a 18 meses. Sylvia-Yvonne Kaufmann sostuvo además que la edad mínima para poder ser firmante de una propuesta ciudadana debería situarse en 16 años en toda Europa, y no sólo en Austria, donde ésta es también la edad para votar en las elecciones europeas.

Los eurodiputados apoyaron la idea de que aunque la participación de los ciudadanos en la política de la Unión debe hacerse bajo ciertas reglas, ésta debe ser factible, y que el umbral de participación de los ciudadanos en la política debe mantenerse lo más bajo posible.