Los ministros de justicia de la Unión Europea han aprobado una ley que garantiza el acceso a los servicios de traducción e interpretación durante los procesos penales. Estas medidas pretenden garantizar la tutela judicial efectiva y las máximas garantías procesales en los procedimientos penales, asegurando a los procesados el acceso a la traducción en su lengua materna tanto durante las actuaciones como mientras reciben asesoramiento jurídico.

Las medidas aprobadas por los ministros de justicia de la Unión garantizarán la tutela judicial efectiva de los procesados y el derecho de los ciudadanos a ser entrevistados, a comparecer en las vistas y a recibir asesoramiento jurídico en su lengua materna en cualquier momento del proceso penal en todos los órganos jurisdiccionales de la UE. Estas normas vienen a asegurar la total observancia de las normas establecidas en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y en la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo, así como en la Carta de los Derechos Fundamentales.

Con ellas de garantizará que los ciudadanos disfruten de traducciones escritas de todos los documentos fundamentales, como el atestado o acusación, y que tengan derecho a un servicio de interpretación en todas las vistas e interrogatorios, así como durante las reuniones con los abogados. Los ciudadanos no podrán renunciar a sus derechos sin haber antes recibido asesoramiento jurídico o una información completa sobre las consecuencias de dicha renuncia.

Será el Estado miembro, y no el encausado, quien deberá correr con los gastos de traducción e interpretación. Si se carece de un conjunto de normas mínimas para garantizar procedimientos imparciales, las autoridades judiciales seguirán mostrándose reticentes a enviar a un acusado ante un órgano jurisdiccional de otro país. Ello impedirá que se apliquen plenamente medidas de la UE de lucha contra la delincuencia, como la orden de detención europea.

Los Estados miembros cuentan con un plazo de tres años para adoptar estas normas, en lugar del periodo normal de dos años, con el fin de que las autoridades dispongan del tiempo necesario para preparar información traducida.

Derecho a un juicio imparcial y respeto a las garantías procesales en la Unión Europea

La Comisión Europea trató ya en 2004 de dar los primeros pasos presentando una propuesta integral en materia de derechos procesales a un juicio imparcial que por su amplitud no obtuvo el apoyo de todos los Estados. Por esta razón ha adoptado ahora una estrategia mediante la cual desarrollar una serie de medidas en materia de derechos procesales a un juicio imparcial establecidas en el Programa de Estocolmo de 2009.

Mediante su propuesta, la Comisión pretendía obligar a los Estados miembros a prestar servicios completos de interpretación y traducción a los procesados. Una vez presentada, el Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo hicieron posible un proyecto negociado al alcanzar un acuerdo de compromiso en mayo de este mismo año.

Este proyecto negociado fue aprobado por abrumadora mayoría por el Parlamento Europeo, que respaldó el compromiso sobre la propuesta del derecho a la interpretación lingüística en procesos penales en su sesión plenaria del 15 de junio.

En julio de 2010, la Comisión propuso la segunda medida sobre el derecho a la información, sobre la cual Consejo y Parlamento ya han comenzado a trabajar. Las próximas medidas, planificadas por la Comisión para 2011, serán una Directiva sobre el derecho a contar con la asistencia de un abogado; y sobre el derecho a ponerse en contacto con familiares, empleadores y autoridades consulares.