La sobrepesca merma cada vez más los recursos marinos de las aguas que rodean a Europa. Esto implica una amenaza tanto para los ecosistemas, como para el sector pesquero y las comunidades locales.

En el Consejo de Agricultura y Pesca celebrado recientemente, los ministros han intercambiado impresiones sobre la futura reforma de la política pesquera común. El objetivo principal es la sostenibilidad, tanto medioambiental, como económica y social.

El sector pesquero desempeña un papel esencial en el suministro de alimentos a los europeos y en la economía europea, pero actualmente este sector atraviesa una crisis importante. Las poblaciones de peces son desde hace décadas víctimas de la sobrepesca, y las flotas pesqueras siguen siendo demasiado grandes para los recursos disponibles, lo que hace inviable económicamente parte de estas flotas. Por ello, el 1 de enero de 2010 entró en vigor un conjunto de normas más estrictas para reforzar el sistema de control de la pesca y luchar contra la captura ilegal.

 Para responder a estos desafíos, la Comisión propuso, en 2007-2008, revisar totalmente el sistema de control de la pesca de la UE e introducir normas para frenar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) en todo el mundo.

Actualmente la mitad del pescado consumido en Europa es importado, debido al descenso constante de la cantidad de pescado extraído de las aguas europeas. La inestabilidad de los precios del petróleo y la crisis financiera han contribuido también a las dificultades del sector pesquero.

Para afrontar la situación, los ministros han debatido varias posibilidades desarrolladas dentro de la reforma de la Política Pesquera Común. Entre ellas figuran la mejora de los instrumentos y de los controles para gestionar las poblaciones de peces y el reconocimiento de las comunidades locales que viven de la pesca de bajura.