La Comisión ha adoptado un proyecto de mandato para negociar transferencias de datos bancarios con el Gobierno de Estados Unidos conforme al Programa de seguimiento de la financiación del terrorismo (TFTP). La Comisión quiere concluir un acuerdo este verano para limitar las diferencias en materia de seguridad.

"El terrorismo se encuentra entre las principales amenazas para la seguridad de la UE y necesitamos establecer las herramientas adecuadas para esta tarea de modo que se logre una cooperación internacional efectiva", ha declarado la Comisaria Cecilia Malmström, responsable de Asuntos de Interior. La nueva propuesta daría a la Comisión un mandato para negociar un alto nivel de protección de los datos personales. También la comprometería a mantener completamente informado al Parlamento Europeo en todas las etapas de las negociaciones.

Conforme a la propuesta de la Comisión, el proyecto de mandato incluye otras garantías significativas en materia de protección de datos tales como una limitación estricta de las operaciones a la lucha contra el terrorismo, la prohibición absoluta de una transferencia masiva de datos a terceros países (solamente pueden transferirse informaciones relacionadas con el terrorismo). El objetivo es lograr una limitación potencial de la cantidad de datos personales que se transfieren a las autoridades de EE.UU.

Conforme a la legislación de la UE, el mandato propone un período máximo general de conservación de 5 años. La UE tendrá el derecho a rescindir el Acuerdo en caso de infracción de cualquier salvaguardia en materia de protección de datos.

Contexto

En el Consejo JAI de 25 de febrero de 2010, los Estados miembros llegaron a un acuerdo sobre la necesidad urgente de establecer un nuevo Acuerdo UE-USA TFTP con el fin de mantener este valioso programa contra el terrorismo después de que el Parlamento Europeo rechazara aprobar el Acuerdo interino TFTP el 11 de febrero.

Tras el voto del Parlamento Europeo, el 22 de febrero se entregó una carta firmada por el Presidente del Consejo al Secretario de Estado de EE.UU. en la que se afirmaba que, como consecuencia de la resolución del Parlamento, la UE no podía adherirse como parte al Acuerdo interino y dando por concluida la aplicación provisional del Acuerdo.