El secretario de Estado español para Asuntos Europeos, Diego López Garrido, afirmó al término de la primera jornada de trabajo de la reunión informal de ministros para Europa que se celebra en la Granja, que la Presidencia española ha recibido el “apoyo total” de los 27 Estados miembros para impulsar la iniciativa legislativa ciudadana, así como la adhesión de la UE al Convenio Europeo de Derechos Humanos y el desarrollo de la cláusula de solidaridad.

Estas tres iniciativas están contenidas en el Tratado de Lisboa, que entró en vigor el pasado 1 de diciembre y cuya puesta en práctica del Tratado es prioritaria para la Presidencia española, que quiere situar a los ciudadanos en el núcleo de las actuaciones de la UE.

La Granja, en Segovia, está acogiendo la primera reunión informal de ministros dentro de la Presidencia española de la Unión Europea. En La Granja se reúnen desde el día 12 los ministros para Europa, mientras que Sevilla acoge las de ministros de Medio Ambiente y de Energía. En la reunión de Segovia se están discutiendo asuntos como la aplicación del Tratado de Lisboa y las líneas de acción del programa conjunto del trío presidencial (España, Bélgica y Hungría).

Con arreglo a la iniciativa legislativa popular, al menos un millón de europeos, nacionales de un número significativo de Estados miembros, podrán invitar a la Comisión a formular una propuesta legislativa sobre asuntos que crean deben ser regulados a escala europea.

Los ministros coincidieron en que ese número significativo ha de situarse en un tercio de los Estados miembros. También abordaron la cuestión de la autentificación de las firmas y en qué momento se ha de producir la admisibilidad de una propuesta con el fin de evitar abusos o la desnaturalización de una iniciativa que vaya en contra de los valores de la Unión.

Sobre el Convenio Europeo de Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales afirmó que todos los intervinientes apoyaron la firma de ese documento por parte de la UE y que se inicien las negociaciones con el Consejo de Europa para tal fin.

Los ministros abordaron asimismo la creación del Servicio Europeo de Acción Exterior, sobre el que convinieron que debe constituirse con arreglo a un equilibrio geográfico e institucional, en el que estén representados adecuadamente todos los Estados miembros, así como la Comisión, el Parlamento y el Consejo.