El acceso a Internet de un usuario puede ser cortado, si es necesario y proporcionado, sólo después de un procedimiento justo e imparcial que incluya el derecho del usuario a ser oído. Los diputados y representantes del Consejo miembros de la Comisión de Conciliación en las negociaciones en la noche del miércoles sobre esta última cuestión pendiente del paquete de telecomunicaciones.

Consejo y Parlamento ya habían acordado en mayo que Internet es fundamental para el ejercicio de derechos fundamentales como el derecho a la educación, la libertad de expresión y el acceso a la información. Por ello, los eurodiputados insistieron en la reunión de conciliación en el establecimiento de garantías procesales suficientes para acceder a Internet, en consonancia con el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, para garantizar la protección judicial efectiva.

El Parlamento insiste en establecer garantías adecuadas de acceso a Internet

Las restricciones de acceso a Internet a un usuario "sólo podrán imponerse si son adecuadas, proporcionadas y necesarias en una sociedad democrática", acordaron los diputados y representantes del Consejo. Estas medidas sólo podrán tomarse "con el debido respeto al principio de presunción de inocencia y el derecho a la intimidad", y como consecuencia de "un procedimiento previo, justo e imparcial" garantizar "el derecho a ser oído y (...) el derecho a una efectiva y oportuna la revisión judicial ", según el texto de compromiso sobre la directiva marco de las comunicaciones electrónicas.

La delegación del Parlamento para el proceso de conciliación, que quedó constituido en septiembre, aprobó el texto conjunto por unanimidad. El compromiso debe aún ser aprobado por el pleno del Parlamento y el Consejo.

Protección de los derechos fundamentales de los usuarios de Internet

Ni la propuesta original de la Comisión ni la posición común del Consejo incluían garantías contra la restricción indebida del acceso a Internet de un usuario. Sin embargo, el Parlamento aprobó una enmienda en dos ocasiones por el que llamaba a las autoridades reguladoras nacionales a promover los intereses de los ciudadanos de la UE. El Consejo ha rechazado dos veces esta enmienda, iniciando así la tercera y última etapa del proceso legislativo de la UE, conocida como conciliación.

Si el Parlamento o el Consejo no aprueban el texto conjunto en tercera lectura, la directiva marco de las comunicaciones electrónicas no se adoptará. En este caso, el procedimiento de codecisión se puede reiniciar sólo con una nueva propuesta legislativa de la Comisión.

Antecedentes

En su votación en sesión plenaria el 6 de mayo de 2009, los diputados modificaron un acuerdo político alcanzado con el Consejo sobre la reforma del marco regulador de las comunicaciones electrónicas. El paquete Telecom incluye la revisión del marco de comunicaciones electrónicas, la directiva de derechos  de los ciudadanos y el establecimiento de un nuevo organismo europeo de reguladores de las telecomunicaciones llamado BEREC.

La votación del Parlamento en tercera lectura está prevista para el 23-26 de noviembre. En su tercera y última lectura de la directiva marco de las comunicaciones electrónicas, tanto el Parlamento como el Consejo sólo podrán aprobar o rechazar el texto conjunto como un todo sin más enmiendas: el Parlamento necesita una mayoría simple de los votos emitidos, mientras que el Consejo decide por mayoría cualificada.