La Comisión Europea adoptó el 10 de Junio de 2009 dos Comunicaciones en las que evalúa las acciones emprendidas por la Unión Europea en materia de seguridad y justicia y describe las actuaciones que llevará a cabo en el futuro en el marco del futuro “Programa de Estocolmo”. La Comisión destaca el impacto directo que sobre la vida diaria de los ciudadanos tendrán las las acciones a llevar a cabo en el ámbito de la seguridad, libertad y justicia.

Desde hace diez años, la Unión Europea tiene como objetivo construir un espacio de libertad, seguridad y justicia. En el Consejo Europeo de Tampere de 1999 se puso en marcha la primera política marco en materia de seguridad e interior, poniendo las bases de una política común de asilo e inmigración, la armonización de los controles fronterizos, y la estructura para el reconicimiento mutuo de decisiones judiciales. El programa de Tampere  y el posterior Programa de La Haya, dieron el impulso político necesario, y se han logrado progresos considerables.

De acuerdo con las prioridades expresadas por la Comisión, los ciudadanos deberán ser el centro del futuro “Programa de Estocolmo”, que deberá debatirse en el Parlamento Europeo y adoptar el Consejo Europeo de aquí a finales de año y que enmarcará la acción de la Unión sobre las cuestiones de la ciudadanía, la justicia, la seguridad, el asilo y la inmigración en los próximos cinco años.

Las prioridades expuestas por la Comisión tienen en cuenta los recientes acontecimientos del espacio de libertad, seguridad y justicia. Los progresos realizados, así como la experiencia adquirida a lo largo de los cinco últimos años, se analizan detalladamente en la Comunicación sobre la evaluación del Programa de La Haya, experiencia que ayudará a afrontar los importantes retos a que se enfrenta la Unión.

Prioridades del Programa de Estocolmo

• Promover los derechos de los ciudadanos - una Europa de los derechos: el espacio de libertad, seguridad y justicia debe ser ante todo un espacio único de protección de los derechos fundamentales, en el seno del cual el respeto de la persona y la dignidad humana, así como de los otros derechos consagrados en la Carta de Derechos Fundamentales constituye un valor esencial. Se trata en particular de proteger la esfera privada de los ciudadanos más allá de las fronteras nacionales, en particular, mediante la protección de sus datos personales; de tener en cuenta las necesidades particulares de las personas más vulnerables; y de garantizar el pleno ejercicio de los derechos vinculados a la ciudadanía tales como el derecho de voto y el derecho a la protección consular.
• Facilitar la vida de los ciudadanos - una Europa de la Justicia: es necesario profundizar en la realización de un espacio europeo de la Justicia. Se trata prioritariamente de establecer mecanismos que faciliten el acceso de las personas a la justicia para que puedan hacer valer sus derechos en toda la Unión. En materia contractual y comercial, esto permitirá ofrecer a los agentes económicos las herramientas necesarias para aprovechar plenamente las oportunidades del mercado interior. Será necesario también mejorar la cooperación entre los profesionales de la justicia, y movilizar medios para suprimir los obstáculos al reconocimiento de los actos jurídicos en otros Estados miembros.
• Proteger a los ciudadanos - una Europa protectora: deberá desarrollarse una estrategia de seguridad interior para mejorar la seguridad en la Unión y proteger así la vida y la integridad de los ciudadanos europeos. Esta estrategia de acción supone el refuerzo de la cooperación en materia policial y de justicia penal, así como un acceso más seguro al territorio europeo. En particular, debe llevarse a cabo una acción más determinada y más coordinada en materia de lucha contra el crimen organizado y de lucha contra el terrorismo.
• Promover una sociedad más integrada para los ciudadanos - una Europa solidaria: una prioridad importante durante los próximos años será consolidar y aplicar verdaderamente una política de inmigración y asilo, que garantice la solidaridad entre los Estados miembros y la asociación con los terceros países. Deberá ofrecer un estatuto claro y común para los inmigrantes legales. Deberán desarrollarse vínculos más fuertes entre inmigración y necesidades del mercado de trabajo europeo, así como políticas específicas de integración y educación. Deberá mejorarse la aplicación efectiva de los instrumentos disponibles para luchar contra la inmigración irregular. La Unión deberá progresar en la vía de un sistema común de asilo y afirmar en este ámbito el reparto de responsabilidades y la solidaridad entre los Estados miembros.

Algunas de propuestas concretas en las que se centraría la estrategia de seguridad y justicia se centran en aspectos como el establecimiento de un régimen completo y reforzado de protección de datos, reforzar las garantías procesales en los procedimientos penales, el reconocimiento y ejecución de resoluciones. Asimismo se contempla la creación de un programa de intercambio para la policía y reforzar el existente para las profesiones jurídicas («Erasmus» de policías y profesiones jurídicas).

Se pretende además crear una estrategia de seguridad común para la Unión, reforzando asimismo el esfuerzo de investigación en materia de técnica de seguridad. Se pretende establecer una política de inmigración flexible, en consonancia con las necesidades del mercado de trabajo, favoreciendo la inserción de los inmigrantes y luchando contra la inmigración ilegal, y reforzar la solidaridad entre los Estados miembros para la acogida de los refugiados y solicitantes de asilo.