El Defensor del Pueblo critica la negativa de la Comisión a divulgar documentos sobre la no participación de Reino Unido en la aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales
ECAS, una ONG con sede en Bruselas, presentó una denuncia ante el Defensor del Pueblo Europeo acerca de la negativa de la Comisión a dar acceso a cinco documentos elaborados por sus servicios y en relación con la decisión del Reino Unido de no aplicar la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE de forma vinculante. La respuesta del Defensor del Pueblo es que la Comisión denegó el acceso a los documentos sin dar razones válidas.
P. Nikiforos Diamandouros, Defensor del Pueblo Europeo, ha criticado de forma enérgica la negativa de la Comisión Europea de dar acceso a cinco documentos relativos a la no participación de Reino Unido en la aplicación vinculante de la Carta de los Derechos Fundamentales. La Comisión explicó su negativa al referirse a la necesidad de proteger tanto la asesoría jurídica que recibe como su proceso interno de toma de decisiones. Después de inspeccionar los documentos en cuestión, el Defensor del Pueblo llegó a la conclusión de que los argumentos de la Comisión para la no publicación de dichos documentos no eran convincentes. En septiembre de 2011, el Defensor del Pueblo ya reclamó una transparencia más activa en la UE a la Comisión.
La no participación de Reino Unido en que la Carta fuera vinculante para sus ciudadanos fue un tema importante en las negociaciones intergubernamentales que llevaron a la adopción del Tratado de Lisboa y los documentos fueron preparados por la Comisión en este contexto. El Servicio Europeo de Acción Ciudadana (ECAS), una ONG con sede en Bruselas, presentó una denuncia ante el Defensor del Pueblo acerca de la negativa de la Comisión a dar acceso a cinco documentos, elaborados por sus servicios y en relación con el tema en cuestión.
La Comisión sólo dio acceso parcial a los documentos a pesar de la recomendación del Defensor del Pueblo de poner dichos documentos a disposición del público. El Defensor del Pueblo concluyó que la negativa constituía "un caso grave de mala administración" porque el acceso a los documentos en sí es uno de los derechos fundamentales garantizados por la Carta.