Se necesitan cambios en las normas sobre contratación pública para hacer frente a las mafias en la UE

El nuevo comité especial sobre el crimen organizado del Parlamento Europeo ha propuesto incluir una definición común en toda la Unión de los delitos relacionados con la mafia, la posibilidad de embargar activos de origen delictivo y utilizarlos en beneficio de la comunidad, nuevas normas en materia de contratación pública y la creación de una fiscal europeo entre otras cosas, para hacer frente a la mafia.

Los eurodiputados de la Comisión Especial sobre el crimen organizado en el Parlamento Europeo han debatido un conjunto de propuestas sobre el crimen organizado, la corrupción y el blanqueo de dinero con el objetivo de hacer frente a la mafia en la UE. Entre las propuestas que se incluyen en el paquete, sugieren incluir una definición en toda la Unión de los delitos relacionados con la mafia. Mientras que Italia tiene un código penal específico para ellos, Dinamarca y Suecia no tienen disposiciones legales específicas y España y el Reino Unido, entre otros, siguen diferentes enfoques policiales y de justicia penal. Por otra parte, se tiene que establecer un fiscal europeo. Su oficina se encargaría de coordinar los esfuerzos para defender los intereses financieros de los Estados miembros y dar su opinión a las autoridades nacionales, por ejemplo en la lucha contra el fraude en el acceso a los fondos de la UE. En agosto de 2010, 14 de los 27 Estados miembros aún no habían aplicado la normativa relativa a la delincuencia transfronteriza.

Las medidas adoptadas en un país de la UE para excluir a empresas de las licitaciones públicas también deben ser de aplicación inmediata en el conjunto de la Unión con el fin de cortar una de las fuentes más lucrativas de financiación de la delincuencia organizada, según han comentado los eurodiputados en el debate. La exclusión deben aplicarse en caso de falta grave contra la administración pública y que se realice antes de que tenga lugar el juicio final.

Los eurodiputados también discutieron cuatro documentos separados sobre el decomiso de activos, los cárteles de drogas, la trata de seres humanos y los delitos cibernéticos. También acordaron que debería ser posible confiscar la propiedad a los criminales como medida preventiva, antes de que cualquier condena sea dictada, como es el caso de Italia, el Reino Unido e Irlanda, para evitar que las mafias tengan algún refugio para sus activos.