La investigación llevada a cabo por la Comisión Europea concluye que la financiación pública concedida por la Generalitat Valenciana a los estudios cinematográficos Ciudad de la Luz no se facilitó en condiciones de mercado, por lo que tienen que ser devueltos por el beneficiario. Las autoridades españolas no acreditaron que los beneficios del proyecto para el desarrollo regional superaran el falseamiento de la competencia derivado de la elevada cuantía de la financiación pública.

La Comisión Europea ha concluido después de una investigación exhaustiva que llevó a un procedimiento de infracción en junio de 2008 y de la evaluación de informes externos que el estado español debe recuperar 256 millones de euros del complejo de estudios cinematográficos Ciudad de la Luz. Los resultados de la investigación confirmaron las dudas de la Comisión sobre si la decisión de invertir en un proyecto totalmente nuevo al margen de los grandes centros de actividad audiovisual como Madrid y Barcelona pudiera ser consecuencia de consideraciones comerciales. Concretamente, se confirmó que ningún inversor privado habría aceptado invertir en las mismas condiciones y que la financiación pública por tanto falsea de forma masiva la competencia entre los principales estudios de cine europeos.

El Vicepresidente de la Comisión, responsable de la política de competencia, Joaquín Almunia, confirma que puesto que el sector cinematográfico español es dinámico y competitivo no hay ninguna necesidad de destinar dinero público a la financiación de un nuevo operador. Añade que penaliza, por encima de todo, a los operadores existentes y a los nuevos operadores potenciales, que han de actuar sin financiación estatal. Según Almunia, en el actual clima económico, las consecuencias pueden ser desastrosas.

La investigación comenzó en 2008 a raíz de varias denuncias sobre la financiación de los estudios cinematográficos Ciudad de la luz por parte de la Generalitat Valenciana. Las autoridades españolas consideraron que la ayuda pública no entraba en el ámbito de aplicación de las normas de la UE en materia de ayudas estatales (según la Comisión sí que entra en este ámbito) ya que un inversor privado habría invertido en las mismas condiciones.