Tal y como se anunció en la presentación del Acta del Mercado Único, la Comisión Europea consultará a las partes interesadas de todos los Estados miembros para conocer su punto de vista sobre la creación de una nueva normativa relativa al acceso a los mercados europeos de contratación pública. La Unión Europea se muestra ambiciosa en su postura de apertura a los mercados internacionales de contratación pública, a través de compromisos internacionales, como el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) de la OMC y los acuerdos comerciales celebrados con países terceros o regiones.

El objetivo de esta consulta es crear una mayor influencia para negociar el acceso a los mercados de contratación pública de otros socios comerciales. Esto debería ayudar a ampliar las oportunidades de negocio para las empresas europeas, como se indica en la estrategia comercial comunitaria renovada de “Comercio, Crecimiento y Asuntos Mundiales”, presentada en noviembre de 2010. La UE se ha comprometido a conceder el acceso del mercado a su mercado de contratación pública para la mayoría de los productos, servicios y empresas extranjeros.

Las normas de contratación pública definen cómo los poderes públicos gastan el dinero público en la compra de bienes, obras o servicios en el mercado abierto. Normas sólidas de contratación pública impiden que los gobiernos decidan los adjudicatarios en favor de un operador específico económico y garantice la competencia entre los agentes del mercado para que sirva de ayuda a los gobiernos en su tarea de encontrar el mejor valor para el dinero de los contribuyentes. En la UE, la contratación pública corresponde al 17% del PIB. En contraste con la política europea en favor de una mayor apertura, muchos países terceros se muestran reticentes a abrir (más) sus mercados de contratación a la competencia internacional.

La legislación tiene por objeto establecer condiciones claras de acceso a los 1.8 mil millones de gobierno de mercado comunitario en materia de adquisiciones para los proveedores de fuera de la UE. Con esto se pretende conseguir una mayor seguridad jurídica tanto para las entidades públicas europeas que necesiten bienes y servicios como para sus proveedores internacionales potenciales.

La consulta está abierta a las autoridades públicas, empresas y sociedad civil hasta el 2 de agosto de 2011.