En el curso del debate celebrado en el Pleno del Parlamento Europeo el 14 de diciembre, la Cámara se pronunció en contra del proyecto de Directiva que prevé la introducción de un permiso único de residencia y trabajo para los inmigrantes legales. Tras esta rechazo en el Parlamento, la Comisión deberá decidir si mantiene esta propuesta, en cuyo caso ésta volvería al pleno en los próximos meses.

El objetivo de la propuesta de Directiva para la concesión de un permiso único de trabajo y residencia residía en facilitar los trámites administrativos a los trabajadores de terceros países y equiparar sus derechos laborales, tales como el salario, el acceso a la seguridad social y la formación. Esta propuesta a la que la Cámara dio su apoyo en septiembre pasado ha sido ahora rechazada en los términos en los que se ha debatido en el Pleno del Parlamento, por 306 votos a favor y 350 en contra con 25 abstenciones.

La propuesta de Directiva excluye a los refugiados y los residentes de larga duración, así como a los trabajadores temporeros y los desplazados, cubiertos por directivas sectoriales pendientes de discusión en el Parlamento. Algunos grupos políticos se mostraron contrarios al enfoque sectorial de la propuesta.

Por otra parte, la aprobación en el curso del debate de una de las enmiendas que permitía los Estados miembros introducir documentos adicionales relativos a la residencia, provocó que el grupo parlamentario de los liberales decidiera rechazar la propuesta en la votación final.

En el curso del debate la comisaria Cecilia Malstrom recalcó que la motivación de la Comisión en la presentación de esta propuesta era simplificar los procedimientos, dando garantías procesales a los inmigrantes y a los contratantes. El objetivo consiste en respetar los criterios de protección de los trabajadores inmigrantes y asegurar sus derechos en pie de igualdad con los ciudadanos europeos.

Algunos parlamentarios se mostraron preocupados ante los que consideran son escasos avances en materia de política común de inmigración y asilo, y la existencia de un mercado laboral diferente en cada Estado de la UE. No obstante, algunos de ellos se mostraron contrarios a la propuesta de Directiva por considerar que ésta supondría tener distintos estatutos para diferente trabajadores y por tanto violar los Derechos Fundamentales de la Unión.

Se abre ahora un proceso en el que las comisiones de Libertades Civiles y Empleo, habrán de decidir los próximos pasos e informar al Parlamento antes de dos meses. La Comisión por su parte habrá de decidir si mantiene la propuesta o bien la retira para presentar una nueva.