Las instituciones comunitarias llegaron a un acuerdo en la noche del 6 de diciembre acerca de los requisitos que habrán de cumplirse para poner en marcha la iniciativa ciudadana. Esta figura creada por el Tratado de Lisboa permitirá a los ciudadanos solicitar a la Comisión Europea que legisle en una determinada materia sobre la que ésta tenga competencias.

Representantes del Consejo, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea reunidos en el trílogo negociador nombrado para sacar adelante los aspectos relativos a la puesta en marcha de la iniciativa ciudadana, llegaron a un acuerdo definitivo en la noche del 6 de diciembre. Estas discusiones en las que las tres instituciones habían logrado ya un buen acuerdo de principios acerca de la iniciativa ciudadana a comienzos de mes, han desembocado en un compromiso que permitirá simplificar algunas cuestiones de este instrumento y hacerlo realmente operativo.

Principales aspectos del acuerdo sobre iniciativa ciudadana

• El test de admisibilidad se realizará en el momento de registrar la iniciativa
• Se constituirá un comité de al menos siete miembros procedentes de de siete Estados miembros con el fin de asegurarse de que las iniciativas están fundamentadas y disponen de una dimensión europea en el momento del registro de una iniciativa
• Los firmantes de una iniciativa deberán proceder de al menos un cuarto de los Estados miembros
• La Comisión asistirá a los organizadores de las iniciativas proporcionándoles una guía y estableciendo un punto de contacto
• Si una iniciativa logra reunir un millón de firmas, se le garantizará un adecuado seguimiento, incluida una audiencia pública
• Esta regulación será revisada después de tres años

Las instituciones llegaron también a un compromiso sobre el modo en que se verificará la autenticidad de las firmas. En este aspecto serán los Estados miembros quienes deban hacer estas verificaciones y establecer el método adecuado en función de cada país. De acuerdo con el compromiso logrado, los Estados miembros gozarán de cierta flexibilidad en la elección de la información requerida por parte de los firmantes de una iniciativa ciudadana en cada Estado miembro.

A partir de ahora, el Comité de Asuntos Constitucionales del Parlamento votará esta propuesta el 13 de diciembre y, en su caso, el Pleno de la Eurocámara probablemente dé su visto bueno definitivo el 16 de este mismo mes. El Consejo también ha mostrado su compromiso de aprobar definitivamente la propuesta antes de final de año, tras lo cual los Estado miembros dispondrán de un año para incorporar la nueva legislación a los ordenamientos nacionales.