La Comisaria Europea de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía, Viviane Reding, reaccionó con contundencia el 14 de septiembre en relación a los últimos acontecimientos relacionados con la expulsiones de gitanos desde Francia. En su declaración, la Comisaria calificó la situación de “vergonzosa” y advirtió a Francia acerca de la posibilidad de iniciar acciones de infracción a este respecto.

La Comisión Europea quiere ahora ser categórica sobre la situación de las expulsiones de ciudadanos romaníes desde Francia: La discriminación por motivos de origen étnico o de raza no tiene lugar en Europa y es incompatible con los valores en los que se basa la Unión Europea. Las autoridades nacionales que discriminan a grupos étnicos en la aplicación de la legislación de la Unión también están violando la Carta Europea de los Derechos Fundamentales, que todos los Estados miembros, entre ellos Francia, han firmado.

La Comisión Europea, cuya forma de manejar la situación como guardiana de los Tratados ha sido criticada por el Parlamento Europeo en el debate sobre esta cuestión en la última sesión plenaria, está preparando un análisis jurídico sobre la situación basándose en los últimos acontecimiento e incluyendo todos los documentos y circulares relativas emitidas por el gobierno francés. Sin embargo, la Comisaria Reding se declaraba convencida de que la Comisión no tendrá más remedio que iniciar una acción de infracción contra Francia, por una aplicación discriminatoria de la Directiva sobre la libre circulación y por falta de transposición de las garantías procesales y sustantivas en virtud de la Directiva libre circulación.

Desde el comienzo de esta situación durante el verano, la Comisión Europea ha estado siguiendo muy de cerca los acontecimientos en Francia en relación con los las expulsiones de gitanos. Junto con los Comisarios Andor y Malmström, la Comisaria Reding presentó al Presidente Barroso y al Colegio de Comisarios, un análisis jurídico preliminar acerca de las medidas del estado francés el 1 de septiembre.

Este análisis preliminar destacó, entre otras cosas, que Francia estaría en violación de la legislación comunitaria si las medidas adoptadas por las autoridades francesas en la aplicación de la Directiva de libre circulación habían apuntado a un grupo determinado sobre la base de la nacionalidad, raza u origen étnico. Después de esto, el asunto fue debatido con los dos ministros franceses designados para discutir este tema. No obstante, la Comisión lamentaba que las garantías políticas ofrecidas por éstos, estuvieran luego en contradicción con una circular administrativa emitida por su mismo gobierno.