Alemania, Bélgica y Letonia se han unido a los nueve Estados miembros de la UE que piden una legislación capaz de aportar seguridad jurídica a los matrimonios internacionales que deseen divorciarse.  El objetivo es reducir el sufrimiento de los hijos y proteger a los cónyuges más débiles durante los procesos de divorcio. Los demás países de la UE mantienen el derecho de incorporarse cuando lo estimen conveniente.

Con arreglo a la propuesta de la Comisión Europea de 24 de marzo de 2010, los matrimonios podrán acordar qué legislación se aplicaría a su divorcio, incluso aunque no tengan previsto separarse. Esta medida responde a una petición formulada por nueve Estados miembros de la UE que deseaban seguir avanzando después de que una propuesta de la Comisión, presentada en 2006, quedase estancada en el Consejo. Esta nueva propuesta de ley ayudará a las parejas con distintas nacionalidades, a las que viven por separado en países diferentes o a las que viven juntas en un país distinto a su país de origen.

Estos tres nuevos participantes (Alemania, Bélgica y Letonia) se unirán a otros nueve Estados miembros (Austria, Bulgaria, Francia, Hungría, Italia, Luxemburgo, Rumanía, Eslovenia y España). Los países que deseen sumarse cuando se adopte la decisión del Consejo autorizando la cooperación reforzada podrán hacerlo en cualquier momento. Con arreglo al Tratado de Lisboa, los países que deseen participar deberán notificarlo al Consejo y a la Comisión.

Alemania, Bélgica y Letonia sumaron sus peticiones el mes pasado (Alemania el 15 de abril, Bélgica el 22 de abril y Letonia el 17 de mayo de 2010). Grecia, que en un principio había participado en este procedimiento de cooperación reforzada, se retiró posteriormente. Sería la primera vez en la historia de la UE en la que se países miembros utilizan el denominado mecanismo de "cooperación reforzada". Conforme a los Tratados de la UE, la cooperación reforzada permite a nueve o más países avanzar en relación con una medida que es importante pero que ha sido bloqueada por una pequeña minoría de Estados miembros.

En el próximo Consejo de Justicia, que tendrá lugar el 4 de junio en Luxemburgo, los Ministros de Justicia de la UE intentarán llegar a un acuerdo político sobre la propuesta de la Comisión relativa a una decisión del Consejo que autorice a estos doce países a seguir avanzando en virtud de la cooperación reforzada. También será necesario el consentimiento del Parlamento Europeo. Una vez adoptada, la decisión entrará en vigor inmediatamente.

Contexto

En virtud de las propuestas de la Comisión, los matrimonios podrán decidir qué legislación se aplicará a su divorcio, incluso aunque no tengan previsto separarse. Ello les ofrecerá mayor flexibilidad, previsibilidad y certidumbre jurídica y ayudará a proteger a los cónyuges y a sus hijos frente a unos procedimientos complicados, interminables y dolorosos.

Las propuestas están también concebidas para facilitar a los matrimonios internacionales un mayor control sobre su separación e impedir que los cónyuges más débiles puedan encontrarse en una situación desventajosa e injusta en los procedimientos de divorcio. Los tribunales dispondrán de una fórmula común para decidir qué legislación nacional se aplica cuando los matrimonios no puedan llegar a un acuerdo por sí mismos.