Los europarlamentarios sostienen que, entre los derechos afectados por Internet, se encuentra el respeto a la vida privada, la protección de datos, la libertad de expresión y de asociación, la libertad de prensa, libertad de expresión y participación políticas, la no discriminación y la educación. Por ello, entienden que, para garantizar estos derechos, debe actuarse aplicando las normas sobre protección de derechos humanos tanto nacionales como internacionales.

El informe, que ha sido aprobado por 481 votos, contra 25 y 21 abstenciones, afirma que "los gobiernos o las empresas privadas no deben recurrir a la denegación de dicho acceso como medio para imponer sanciones", como se ha propuesto en algunos países de la Unión, dado que "el analfabetismo electrónico será el nuevo analfabetismo del siglo XXI y que, por lo tanto, asegurar que todos los ciudadanos tengan acceso a Internet significa garantizar que todos los ciudadanos tienen acceso a la escolarización".
 
El texto también aborda la protección de los derechos de propiedad intelectual en Internet. En este sentido, solicita a los Estados miembros que procedan a la adopción de la directiva sobre medidas penales respecto a la violación de este tipo de derechos. Sin embargo, para lograr ese objetivo, "se prohíben el control y la vigilancia sistemática" de los usuarios. El informe pide "respetar asimismo la libertad de expresión y de asociación de los usuarios individuales y luchar contra la incitación a la ciberviolación de los derechos de propiedad intelectual, incluidas algunas restricciones excesivas de acceso impuestas por los propios titulares de la propiedad intelectual".

El Parlamento Europeo aceptó una enmienda que insta a los Estados a que actualicen su legislación sobre protección de menores que utilizan Internet, especialmente en lo relativo al delito de grooming, captación de menores en línea con fines sexuales, aspectos fundamentales que forman parte del programa "Safer Internet" puesto en marcha por la Comisión para la protección de los derechos de los ciudadanos en Internet.

La identidad digital de los ciudadanos, un derecho a proteger

El texto, del que ha sido ponente el diputado griego Stavros Lambribnidis, considera que "la 'identidad digital' se está convirtiendo en parte integrante de nuestro 'yo' y, por lo tanto, merece protección adecuada y eficaz contra las intrusiones de agentes privados o públicos". Por ello, considera que todos los datos que estén "orgánicamente vinculados" a esa identidad deben "definirse y protegerse" y reclama que se garantice que los Estados miembros "que interceptan y controlan el tráfico de datos, tanto el creado por sus propios ciudadanos como el tráfico de datos desde el exterior, lo hagan en las condiciones y con las garantías estrictas previstas por la ley.
 
Asimismo, la Eurocámara subraya que "los procedimientos simplificados para llevar a cabo búsquedas remotas, en comparación con las búsquedas directas, son inaceptables, ya que vulneran el Estado de Derecho y el derecho a la intimidad". También pide a los Estados miembros "que se aseguren de que las búsquedas remotas, en caso de estar previstas por la legislación nacional, se llevan a cabo de conformidad con una orden de registro válida expedida por las autoridades judiciales competentes".
 
Asimismo, reclama a la UE que establezca una "estrategia global" para luchar contra la ciberdelincuencia, especialmente en lo relativo a la usurpación de la identidad de los internautas, y pide que se adopten medidas como la implantación de una ventanilla de ayuda para las víctimas de estas suplantaciones de identidad, que se lancen campañas de sensibilización y prevención al respecto, o que se garantice un uso seguro y libre de Internet para todos.