El PE exige medidas para poner fin a la publicidad engañosa en la elaboración de directorios profesionales

El Parlamento Europeo (PE) ha recibido más de 400 denuncias de pequeñas y medianas empresas (Pymes) de toda Europa que firmaron un contrato para entrar en directorios profesionales, sin ser informadas de que suponía un coste de 1.000 euros anuales. Los diputados han aprobado un informe que insta a los Estados miembros a actuar conjuntamente para acabar con la publicidad engañosa en la elaboración de estos directorios. Además, piden a la Comisión que elabore una "lista negra" de prácticas engañosas y animan a las víctimas a denunciar las estafas.

La Eurocámara ha recibido más de 400 peticiones de Pymes que se quejan de haber sido víctimas de la publicidad engañosa de empresas dedicadas a la elaboración de directorios profesionales. Habitualmente, estas últimas utilizan Internet para enviar correos electrónicos a las empresas pidiéndoles que completen o actualicen una serie de datos y dando la sensación de que así formaran parte gratuitamente de un directorio profesional. Posteriormente, los empresarios descubren que en realidad habían firmado involuntariamente un contrato, normalmente por un periodo de tres años, por el que se comprometían a pagar 1.000 euros al año a cambio de aparecer en el directorio.

El informe aprobado en el pleno expresa la preocupación de los diputados ante el problema planteado por las Pyme que es de naturaleza transfronteriza y tiene un impacto económico significativo. Además, las pequeñas empresas no son las únicas afectadas: profesionales y entidades sin ánimo de lucro, como ONGs, organizaciones benéficas, escuelas, bibliotecas y clubes sociales locales, también se han visto perjudicados.

Para subsanar este problema, el PE considera que se debe anular, de manera efectiva, la validez de los contratos firmados sobre la base de una publicidad engañosa, y que los perjudicados deben obtener el reembolso del importe que pagaron.

Asimismo, insta a las víctimas a que informen a las autoridades nacionales de los casos de estafas empresariales y pide a los Estados miembros que proporcionen a Pyme los conocimientos necesarios para permitirles presentar denuncias ante las autoridades pertinentes. También anima a los diferentes países a crear y mantener una base de datos centralizada de estas denuncias.

Coordinación internacional

El informe acoge con satisfacción las acciones llevadas a cabo por algunos países como Italia, España, los Países Bajos, Bélgica y el Reino Unido, pero sobre todo Austria, para tratar de evitar que las empresas dedicadas a la elaboración de directorios profesionales realicen prácticas engañosas, pero considera que estos esfuerzos no son suficientes y que es necesaria una coordinación a nivel internacional.

El texto pide a la Comisión que informe, a más tardar en diciembre de 2009, sobre la viabilidad y las posibles consecuencias de la modificación de la Directiva 2006/114/CE sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa con el fin de incluir una lista "negra" de prácticas que deban considerarse como engañosas.

Además, lamenta que no haya legislación europea relativa a las transacciones entre empresas y que los Estados miembros parezcan reticentes a ampliar ese ámbito de aplicación. También incita a los diferentes países a ampliar, al menos unilateralmente, el ámbito de aplicación de su legislación nacional en materia de protección del consumidor para incluir las transacciones entre empresas y a garantizar la cooperación entre las autoridades de los Estados miembros.