La Eurocámara ha aprobado un reglamento que prevé 1.000 millones de euros para hacer frente hasta 2010 a la subida de los precios de los alimentos en los países en desarrollo. Con esta cantidad se financiarán medidas de carácter inmediato para satisfacer las necesidades alimentarias de la población, así como mecanismos para lograr, a largo plazo, una mejora de la producción agrícola en los países en vías de desarrollo.

El reglamento establece tres áreas prioritarias de financiación: en primer lugar, mecanismos de mejora de la producción agrícola, incluyendo un mejor acceso a semillas y fertilizantes, y poniendo especial atención en las características locales de la tierra. Por otro lado, medidas de tipo "red de seguridad" destinadas a satisfacer las necesidades alimentarias básicas de las poblaciones más vulnerables, especialmente de la población infantil. Por último, el documento incluye otras iniciativas a pequeña escala para incrementar la producción, como microcréditos, inversiones, equipamiento e infraestructuras, así como enseñanza y apoyo a los agricultores profesionales.

La ayuda se centrará en las pequeñas y medianas granjas, especialmente en las dirigidas por mujeres o por familias extremadamente pobres. Además se pretende impulsar la producción de agricultura para consumo alimentario interno, de forma que tanto los alimentos como los beneficios puedan repercutir positivamente en el mercado de los diferentes países.

Respecto a la financiación, el presupuesto previsto será de 1.000 millones de euros para el periodo 2008-2010 y se tratará de una cantidad adicional, es decir, complementaria a los instrumentos de financiación exterior ya existentes, como el Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo. Además, los recursos disponibles se concentrarán en un número limitado de países alta prioridad.

Según el acuerdo, las organizaciones susceptibles de financiación no deberían ser únicamente las organizaciones internacionales, sino que debe existir un equilibrio con otro tipo de actores, como las ONG locales, las autoridades públicas estatales, provinciales y municipales, las instituciones y agencias comunitarias, las empresas privadas e incluso las personas a título individual, siempre y cuando sus programas contribuyan a los objetivos referidos anteriormente.

El reglamento también prevé el seguimiento de las actividades implementadas, a través de evaluaciones externas independientes, con la finalidad de conocer qué objetivos se han conseguido satisfacer y cuáles no, y mejorar las operaciones de cooperación al desarrollo de cara al futuro.