La Comisión Europea ha presentado su informe anual sobre la supervisión de la aplicación de la legislación comunitaria, que pone de manifiesto cómo está poniendo en práctica la Comisión sus objetivos de mejor reglamentación. El informe identifica tres ámbitos principales de actuación: prevención, gestión general de la legislación, suministro de información y resolución de problemas para los ciudadanos y las empresas, y denuncias y gestión de las infracciones.

Las medidas propuestas por la Comisión con el fin de desarrollar los principios para legislar mejor son las siguientes: una mejor evaluación de la repercusión a escala nacional en el momento de preparar la legislación; colaboración con los Estados miembros para resolver los problemas planteados por los ciudadanos, resolviéndolos con más rapidez y eficiencia de lo que se haría mediante procedimientos jurídicos; mejora de la eficiencia en la gestión de las infracciones y mejora del diálogo con el Consejo, el Parlamento Europeo y el público por lo que se refiere a la aplicación de la legislación

Con más de 10.000 actos jurídicos vigentes en 27 Estados miembros, los desafíos son inevitablemente muchos y variados. El proceso de infracción desempeña un papel esencial a la hora de garantizar la correcta aplicación del Derecho comunitario. A finales de 2007, la Comisión estaba manejando 3.400 expedientes de infracción, que representan un incremento del 5,9% frente a 2006.

La Comisión hace hincapié en que ha acelerado la mejora de la gestión de las infracciones hasta conseguir una media de 23 meses para completar un expediente, frente a la media de 28 meses registrada en años anteriores. Esto confirma el elevado porcentaje de asuntos resueltos sin necesidad de recurrir al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (el 93% de las denuncias se cerraron antes de que el Tribunal emitiera una resolución). Los sectores con un mayor número de asuntos siguen siendo medio ambiente, mercado interior, fiscalidad, energía, transporte y empleo, entre otros.

El informe identifica tres ámbitos principales de actuación:

• Prevención: concebir leyes sencillas y claras, fáciles de aplicar y de hacer cumplir. La Comisión está revisando sus directrices de evaluación de impacto, evaluando cuidadosamente la elección del instrumento jurídico. Se están haciendo más esfuerzos para preparar la aplicación de las leyes una vez adoptadas, considerando aquellas partes de las propuestas que podrían plantear dificultades especiales de aplicación, y desarrollando aún más las redes informales con los Estados miembros mucho antes de que las leyes entren en vigor.
• Gestión general de la legislación, suministro de información y resolución de problemas para los ciudadanos y las empresas: se están recurriendo ampliamente a los comités y grupos de expertos (unos 1.500), que se reúnen periódicamente para poner al día los requisitos técnicos, emitir directrices interpretativas, adoptar códigos de conducta, etc., para contribuir a una mejor aplicación de la legislación. La buena gestión de la legislación también implica el seguimiento de los intereses individuales de los ciudadanos y las empresas, y también se da prioridad a esta cuestión de maneras diferentes. Los servicios de información como Europa en Directo, el Servicio de Orientación para los Ciudadanos, CEE-Net y Eurojus informan y asesoran a los ciudadanos y las empresas sobre sus derechos. En la red SOLVIT los Estados miembros cooperan para resolver las cuestiones transfronterizas que surgen en el mercado interior. Además, se ha puesto en marcha un proyecto piloto con 15 Estados miembros para responder a las preguntas y resolver los problemas de los ciudadanos en relación con la aplicación de la legislación en numerosos ámbitos de las políticas.
• Denuncias y gestión de las infracciones: la Comisión, para ser más eficiente a la hora de abordar los problemas derivados de la aplicación de la legislación comunitaria, está mejorando sus métodos de trabajo para producir mejores resultados más rápidamente. Cuando se requiera recurrir a los procedimientos de infracción, la Comisión debe velar por que se dé prioridad a aquéllos que causen el máximo impacto negativo en los objetivos de la legislación, o el máximo impacto negativo en los ciudadanos y las empresas. En este informe, la Comisión da un nuevo paso adelante en el desarrollo de sus prioridades en esta tarea.

Siguiendo esta línea, a principios de este año, el Parlamento Europeo propuso algunas medidas para mejorar la actividad legislativa en la UE tales como educir las cargas administrativas de las empresas un 25% de aquí a 2012, sin caer en una “abstinencia legislativa”.