La Comisión Europea ha propuesto una serie de derechos a escala europea para facilitar a los consumidores las compras a través de Internet. La nueva propuesta obligará a los vendedores a entregar los productos en un plazo máximo de 30 días y garantizará a los consumidores un periodo de reflexión de 14 días para retractarse de una compra.

La propuesta de Directiva garantizará a los consumidores, independientemente del lugar de la UE en el que realicen sus compras, la claridad de la información sobre precios, así como sobre gastos y tasas adicionales, antes de firmar un contrato. Además, reforzará la protección de los consumidores frente al retraso en la entrega o al incumplimiento de la obligación de entrega y establecerá, en toda la UE, derechos firmes para los consumidores en cuestiones como periodos de reflexión, devoluciones, reembolsos, reparaciones, garantías y cláusulas contractuales abusivas.

El objetivo final es aumentar la confianza de los consumidores y, al mismo tiempo, reducir los trámites administrativos que disuaden a las empresas de cruzar las fronteras nacionales, lo que impide que los consumidores disfruten de una mayor oferta, más competitiva.

“Nunca hasta ahora, que el presupuesto de los hogares está sujeto a tanta presión y que el poder adquisitivo es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, había sido tan importante para los consumidores poder comparar precios para obtener las ofertas más ventajosas. La nueva legislación pretende reforzar la protección y llenar el vacío legal que existe en ámbitos clave y que está minando la confianza de los consumidores”, declaró la Comisaria responsable de Protección de los Consumidores, Meglena Kuneva.

En la actualidad, 150 millones de ciudadanos de la UE, un tercio de su población, realizan compras a través de Internet. Por el momento, sólo 30 millones de esos ciudadanos realizan compras transfronterizas en la red.

En términos generales, los compradores transfronterizos gastan una media de 800 euros anuales, es decir, un total de 24.000 millones de euros, lo que demuestra el enorme potencial que tendría el mercado interior si más gente se atreviera a cruzar las fronteras.

La legislación en materia de protección de los consumidores que rige en la actualidad en la UE procede de cuatro Directivas. No obstante, a lo largo de los años, los Estados miembros han ido añadiendo disposiciones de manera descoordinada, convirtiendo la legislación de la UE en materia de contratos de consumo en un mosaico de veintisiete conjuntos de normas diferentes.

La nueva propuesta simplifica las cuatro Directivas en un único conjunto de normas en las que propone una serie de mejoras en los derechos de los clientes:

• Información precontractual: la nueva Directiva incluye una serie de requisitos claros relativos a la información que el comerciante está obligado a proporcionar al consumidor en cualquier contrato que firme con él, de manera que este pueda elegir con conocimiento de causa (principales características del producto; la dirección postal y la identificación del comerciante; el precio del producto, con impuestos incluidos; y cualquier gasto adicional de envío, entrega o postal).
• Disposiciones sobre la entrega: se establece un máximo de 30 días naturales para que el comerciante entregue la mercancía al consumidor. El comerciante soporta el riesgo y el coste de deterioro, así como la pérdida de la mercancía, hasta el momento en que el consumidor la recibe. En caso de retraso en la entrega o de incumplimiento de la obligación de entrega, el consumidor tendrá derecho a recibir una indemnización lo antes posible y, en cualquier caso, en un plazo máximo de siete días a partir de la fecha de entrega
• Periodos de reflexión: la norma establece un periodo de reflexión para toda la UE de 14 días naturales, en los que el consumidor puede cambiar de opinión. Se introduce un modelo de formulario de desistimiento fácil de utilizar.
• Reparación, sustitución y garantías: se pretende incrementar la certeza de que todos los consumidores tengan los mismos recursos a su disposición cuando reciban un producto defectuoso (es decir, reparación o sustitución en un primer momento, seguido de reducción del precio o reembolso del dinero).
• Cláusulas contractuales abusivas: se establece una nueva lista negra de cláusulas contractuales abusivas prohibidas en toda la UE en todos los casos y una lista gris, también para toda la UE, de cláusulas contractuales que se consideran abusivas mientras el comerciante no demuestre lo contrario.

Asimismo, se refuerza la protección en numerosos ámbitos, entre otros, las subastas en línea. En este sentido, la Directiva establece la obligación de que las subastas, incluidas las subastas electrónicas, cumplan los requisitos estándar en materia de información. También se refuerza significativamente la protección frente a las ventas bajo presión (ventas negociadas fuera del establecimiento o «venta directa») como reacción al elevado número de reclamaciones de los consumidores, en particular por lo que se refiere a las situaciones de venta bajo presión en las que el consumidor no goza de protección alguna o goza de protección insuficiente; se establece una nueva definición, más amplia, de contratos de venta directa y se toman otras medidas para cubrir los vacíos legales.

La Directiva sobre derechos de los consumidores deberá ser aprobada por el Parlamento Europeo y los Gobiernos de la UE en el Consejo de Ministros antes de su entrada en vigor.