Alrededor de 78 millones de ciudadanos de la UE viven con riesgo de caer en la pobreza. Por ello, el Parlamento Europeo (PE) quiere que el Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (2010) cuente con el suficiente respaldo económico, y aprobó destinar 17 millones de euros a sus actividades, la mayor cantidad dedicada a un año europeo. Este dinero servirá para elaborar campañas informativas y encuestas con las que poder desarrollar políticas innovadoras.

Los fondos comunitarios abarcarán hasta el 50% de los costes subvencionales de los programas, que compartirá con los países o las propias organizaciones. Por su parte, los Organismos Nacionales de Ejecución, que serán los encargados de poner en práctica las actividades del programa, podrán financiar hasta un 100% de los costes de los proyectos que se presenten.

El objetivo de este año europeo es la sensibilización de la opinión pública a través de un mejor conocimiento de la situación en la que viven millones de europeos, la promoción del acceso de estas personas a derechos sociales, económicos y culturales, y la contribución a la lucha contra la estigmatización y los estereotipos. Para conseguir estos fines, se llevarán a cabo acciones como reuniones y campañas informativas a nivel comunitario y nacional, así como la elaboración de encuestas y estudios que sirvan para identificar soluciones innovadoras o que recoja las impresiones de la opinión pública sobre las políticas destinadas a combatir la pobreza y la exclusión.

Respecto al mercado laboral, el informe subraya la importancia del acceso a empleos de calidad, ya que se puede ser trabajador y estar en riesgo de pobreza. Por ello, considera "de vital importancia" que tanto las personas empleadas como desempleadas con escasas cualificaciones tengan oportunidad de una formación constante para evitar estas situaciones de riesgo.

La situación en España

En 2004, uno de cada cinco españoles estaba en riesgo de caer en estado de pobreza, por encima de la media europea del 16%. Además, estas tasas eran significativamente elevadas entre colectivos tradicionalmente más vulnerables, como los mayores que viven solos (47%), niños hasta los 17 años (25%), familias monoparentales (37%) y desempleados (40%).

Entre las prioridades que la UE detecta en España, figura la ruptura de la transmisión intergeneracional de pobreza, a través de la reducción de las altas cifras de abandono escolar, continuar con la inclusión de los colectivos vulnerables, como los inmigrantes, o salvar las diferencias regionales en la provisión de los servicios sanitarios.