La Comisión Europea ha presentado una propuesta sobre la migración del Sistema de Información de Schengen (SIS 1+) al Sistema de Información de Schengen de segunda generación (SIS II) cuyo objetivo es establecer el marco jurídico regulador de la migración del Sistema de Información de Schengen en su forma actual (SIS 1+) al Sistema de Información de Schengen de segunda generación (SIS II).

La presente propuesta también modifica el Convenio de Schengen al establecer una arquitectura provisional de migración para las operaciones del SIS 1+ durante el periodo transitorio hasta que concluya el proceso de migración.

Concretamente, el SIS II tiene por finalidad garantizar un alto nivel de seguridad dentro del espacio de libertad, seguridad y justicia de la Unión Europea, incluidos el mantenimiento de la seguridad y el orden públicos y la salvaguardia de la seguridad en el territorio de los Estados miembros, y aplicar las disposiciones del título IV de la Tercera parte del Tratado relativas a la circulación de personas en dicho territorio, con la ayuda de la información transmitida por este sistema.

Respecto al presupuesto, el gasto derivado del desarrollo del SIS II correrá a cargo del presupuesto general de la Unión Europea.

Las disposiciones relativas al establecimiento, funcionamiento y utilización del SIS II se establecen en el Reglamento (CE) nº 1987/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, relativo al establecimiento, funcionamiento y utilización del Sistema de Información de Schengen de segunda generación (SIS II) y en la Decisión 2007/533/JAI del Consejo, de 12 de junio de 2007, relativa al establecimiento, funcionamiento y utilización del Sistema de Información de Schengen de segunda generación (SIS II).

¿Qué es el SIS?

El Sistema de Información de Schengen (SIS), constituye un instrumento esencial para la aplicación de las disposiciones del acervo de Schengen integradas en el marco de la Unión Europea. El SIS es un sistema de información que permite a las autoridades de los Estados miembros responsables de los controles en las fronteras y de otros controles aduaneros y policiales efectuados en su país, y de la coordinación de dichos controles, así como a las autoridades judiciales de dichos países, obtener información sobre personas u objetos.