La Comisión Europea está tratando de reducir la burocracia para las pequeñas y medianas empresas (PYMEs). Por este motivo ha puesto en marcha un proceso de consulta para estas y sus organizaciones representativas, con el fin de ayudar a identificar los diez actos legislativos de la UE que consideran más onerosos para las microempresas y las PYMEs. La consulta pública estará abierta a las contribuciones hasta el 21 de diciembre de 2012.

El proceso de consulta que busca reducir la burocracia abierto por la Comisión Europea ya está en funcionamiento. Concretamente, la Comisión Europea hace un llamamiento a las empresas a través de la consulta "Háganos saber lo que podría hacerse mejor - nos gustaría que contar con sus ideas para reducir la burocracia", para identificar los diez actos legislativos de la UE que consideran más engorrosos. Esta consulta estará abierta hasta el 21 de diciembre de 2012 y una vez completa, la Comisión analizará los resultados y considerará cómo la situación de las PYMEs podría mejorar. En enero de 2012, en una declaración la Comisión también promovía el acceso a la contratación pública para las PYMEs.

La Comisión Europea ha pedido a las PYMEs su ayuda para eliminar las cargas burocráticas excesivas, por ejemplo en los servicios, las aduanas, el empleo y los asuntos sociales, la energía, los transportes, la seguridad de los productos, el medio ambiente, el entorno empresarial, la fiscalidad, y/o la protección del consumidor. Antonio Tajani, Comisario de Industria y Empresa y Vicepresidente de la Comisión puso de relieve que muy a menudo se dice que la Comisión Europea está demasiado alejada de la realidad cotidiana de las pequeñas empresas. Así, con esta consulta, la Comisión quiere abordar esta brecha.

La implementación del principio "Pensar primero a pequeña escala" sigue siendo básica en la legislación de la UE para las pequeñas empresas. Como parte de la revisión de la Ley de la Pequeña Empresa (2011), la Comisión está reforzando aún más su procedimiento de evaluación de impacto para asegurar que los impactos sobre las PYMEs son minuciosamente analizados y tenidos en cuenta en todas las propuestas legislativas y políticas, con una clara indicación de efectos cuantificados sobre las PYMEs, siempre que sea posible.