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La Constitución Española fue modificada en septiembre de 2011 con el propósito de limitar la deuda pública. Poco antes de esta modificación, en agosto de 2011, el Presidente del Banco Central Europeo envió una carta confidencial al Primer Ministro español, en la que expresaba la preocupación del BCE sobre la situación extremadamente difícil de la economía española y la necesidad de tomar medidas rápidas, carta a la que solicitó tener acceso el abogado español reclamante.

El BCE rechazó la solicitud del demandante alegando que la entrega de dicha carta podría comprometer el interés público en relación con las políticas económicas y financieras de un Estados miembro, en este caso de España. En su decisión el Banco informó al abogado reclamante acerca de la posibilidad de presentar una solicitud de acceso parcial al documento, según el cual el Banco podría confirmar si la carta contenía alguna instrucción o realizaba alguna recomendación al gobierno español en relación a la necesidad de una reforma constitucional.

Ante la negativa por parte del Banco Central Europeo, el reclamante decidió acudir al Defensor del Pueblo Europeo considerando violado el derecho de acceso a la información. La reclamación se basaba en parte en que la excepción aducida por el Banco no era legítima dado el derecho de los ciudadanos a conocer el origen de una reforma constitucional.

En su investigación, el Defensor del Pueblo solicitó al BCE acceso al dossier para examinar la documentación del caso, tras lo cual ha determinado que el Banco no estaba obligado a revelar el contenido completo de la carta puesto que efectivamente podía poner el riesgo los intereses generales de la Unión Europea y del estado español. No obstante, en los resultados de la investigación el Defensor confirmó que la carta no contenía ninguna sugerencia al gobierno español para realizar cambios en su constitución.