La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios ha aprobado dos textos por una escasa mayoría que indican la posición de los eurodiputados sobre los “dos paquetes” de gobernanza económica. La aprobación de los textos con escaso margen muestra además que los eurodiputados se encuentran divididos sobre si el momento es el adecuado para su votación. Por lo tanto, esta Comisión ha decidido no abrir negociaciones con el Consejo y en su lugar, acudir a sesión plenaria para poner a prueba el nivel de respaldo a las propuestas de todos los eurodiputados.

Los eurodiputados de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo se mostraron de acuerdo en que la Comisión Europea debería tener más control sobre la política fiscal en los Estados miembros pero no la rienda suelta que pedía, en los dos textos adoptado por una leve mayoría en una reunión celebrada el pasado 14 de mayo. El pasado mes de diciembre, 23 Estados miembros acordaron en el Consejo la firma de un tratado intergubernamental para avanzar de un nuevo pacto fiscal. Asimismo, estos textos no solo hacen frente a los requisitos de emisión de deuda de los Estados miembros sino que van más allá. Por ejemplo, proponen un proceso específico para la coordinación de la emisión de deuda cada año y además, los países estarían obligados a informar con antelación sobre sus planes de emisión de deuda a la Comisión y el Consejo.

Por otro lado, ambos textos hacen hincapié en la necesidad de garantizar que el control fiscal no constituya un obstáculo para el crecimiento. Según los eurodiputados, las evaluaciones país por país realizadas por la Comisión, tendrían por lo tanto que ser más integrales, para garantizar que los recortes presupuestarios no se hacen a costa de acabar con las inversiones con potencial de crecimiento. También se requiere a los Estados miembros el detalle de sus inversiones que puedan tener un potencial para el crecimiento y el empleo y los calendarios de reducción del déficit se podrían aplicar de manera más flexible en circunstancias excepcionales, como una grave recesión económica.

Los eurodiputados añaden a las propuestas una disposición sobre la protección jurídica de los países que se enfrentan la quiebra, para darles más estabilidad y previsibilidad en la lucha contra sus problemas. Una vez bajo esa protección, un país no puede ser declarado que ha de pagar, los acreedores tendrían que darse a conocer a la Comisión en un plazo de dos meses y las tasas de interés de los préstamos se congelarían. Los eurodiputados también añaden a las propuestas un requisito para que la Comisión examine los efectos secundarios negativos provocados por las políticas de otros Estados miembros cuando se mira de cerca las cuentas de un país que se considera en serias dificultades financieras. Esto podría conllevar pedir reformas no sólo al país en crisis, sino también a los otros Estados miembros que se encuentran aparentemente en buen estado de salud financiera.