La Comisión Europea investiga si los sitios web que ofrecen créditos al consumo para comprobar si los consumidores reciben la información a la que tienen derecho con arreglo a la legislación europea en materia de consumo antes de la firma de un contrato de este tipo. Según la Comisión, un 70% tiene que ser objeto de una investigación más a fondo por supuestas irregularidades. En España se investigaron 29 sitios web y en los 29 se encontraron irregularidades.

La Comisión Europea ha publicado los resultados de la investigación realizada por las autoridades nacionales en la que se inspeccionó más de quinientos sitios web en los veintisiete Estados miembros, más Noruega e Islandia sobre crédito al consumo. Los resultados muestran que 393 sitios, es decir, un 70%, deben de ser objeto de una investigación más a fondo con respecto a varios problemas como son que la publicidad no incluía la información estándar necesaria, las ofertas omitían información esencial para poder tomar una decisión o los costes se presentaban de manera engañosa. En octubre de 2010, el Cuadro de Indicadores de los Mercados de Consumo mostró que los consumidores de la UE estaban decepcionados por los mercados de servicios.

Asimismo seis países (Eslovaquia, Estonia, Italia, Letonia, Lituania y Suecia), llevaron a cabo una investigación más en profundidad de cincuenta y siete sitios controlados: el ejercicio Sweep Plus. Su objetivo principal era comprobar el cumplimiento de las normas sobre protección de los consumidores, entre otras, los acuerdos de pago, la tramitación de reclamaciones y los términos y condiciones. Los principales problemas se referían a la información precontractual y las condiciones contractuales.

Las autoridades nacionales responsables se pondrán en contacto con las instituciones financieras y los intermediarios de crédito en relación con las supuestas irregularidades detectadas para que aclaren o tomen las medidas correctoras pertinentes. El objetivo de esta operación de barrido era comprobar, en particular, la aplicación por parte de las empresas de la Directiva relativa al crédito al consumo (recientemente transpuesta en los Estados miembros), cuya finalidad es que los consumidores puedan comprender y comparar con más facilidad las ofertas de crédito.