La Comisión Europea ha presentado la estrategia de datos abiertos en la UE en la que propone que las administraciones públicas abran sus datos para su reutilización y para ello, dará ejemplo abriendo su información al público de forma gratuita mediante un nuevo portal de datos. Además se crearán condiciones equitativas en materia de datos abiertos y se concederán 100 millones de euros antes de 2013 para financiar la investigación en la mejora de las tecnologías de tratamiento de datos.

La estrategia de datos abiertos (open data) puesta en marcha por la Comisión Europea pretende abrir los datos de las administraciones públicas europeas puesto que tienen un “tesoro” de potencial económico aún sin aprovechar. Con ello se persigue impulsar el rendimiento en toda la UE ya que gracias a la reutilización de la información del sector público, se podría aportar a la economía europea unos dividendos de 40.000 millones de euros al año. Los datos abiertos son la información general que cualquier persona puede utilizar, reutilizar y redistribuir libremente, ya sea gratuitamente o abonando el coste marginal.

La Comisión propone en esta estrategia actualizar la Directiva de 2003 sobre la reutilización de la información del sector público a través de un nuevo portal de datos públicos ya contratado, contrato que se anunció en julio de este año, en donde la Comisión hará pública su propia información y que actualmente se encuentra en “versión beta” (fase de desarrollo y ensayo). Su puesta en marcha está prevista para la primavera de 2012 y pretende ser el único punto de acceso a los datos reutilizables de todas las instituciones, organismos y agencias de la UE, así como de las autoridades nacionales.

Asimismo, la actualización de la Directiva sobre la reutilización de la información del sector público implica que todos los documentos difundidos por organismos públicos puedan ser reutilizados por terceros para cualquier fin, comercial o no, siempre que no estén protegidos por derechos de autor; se establecerá el principio de que los organismos públicos no puedan cobrar una cantidad superior a los costes que entrañe la petición individual de datos (costes marginales), lo que supone, a efectos prácticos, que la mayoría de los datos se facilitará de forma gratuita o casi gratuita, excepto en casos debidamente justificados; será obligatorio proporcionar los datos en formatos de uso común y legibles por máquina para garantizar que los datos puedan ser reutilizados realmente; se introducirá una supervisión normativa para hacer cumplir estos principios; y por último, se ampliará radicalmente el ámbito de aplicación de la Directiva incluyendo, por primera vez, las bibliotecas, los museos y los archivos.