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A raíz de la crisis alimentaria que se produjo en Alemania por la aparición de un brote de E-Coli, la Comisión Europea decidió introducir medidas para hacer frente a posibles contaminaciones de dioxinas, que plantean un riesgo para la seguridad del consumidor y dan lugar a importantes costes directos e indirectos para la economía y la sociedad en general. La Comisión considera que estas medidas permitirán a los reguladores realizar un mejor control sobre la cadena alimentaria y harmonizar las medidas a nivel europeo.

Las medidas propuestas por la Comisión que han recibido ya el visto bueno de los Estados miembros en el seno del Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y de Sanidad Animal, incluyen la obligación de que las empresas de piensos que procesan aceites vegetales crudos o que fabriquen productos derivados de aceites de origen vegetal y mezclas de grasas, sean aprobadas, y no únicamente registradas por la autoridad competente.

Además, las grasas destinadas a piensos y alimentos serán estrictamente segregadas durante su producción y transporte de las grasas para uso técnico, como aquellas destinadas por ejemplo a la industria química, y el etiquetado de los productos deberá hacer mención explícita al uso previsto. Se tomarán además medidas para que todos los laboratorios tengan la obligación de notificar directamente a las autoridades competentes cualquier hallazgo de presencia excesiva de dioxinas.

Estas medidas también introducirán un plan armonizado europeo con pruebas mínimas obligatorias sobre dioxinas en función de los riesgos inherentes a los productos. Las pruebas se centrarán en los productos de riesgo en el momento en que entran en la cadena alimentaria, con el fin de facilitar la detección de casos de incumplimiento y la aplicación de la legislación sobre piensos.

La adopción de estas medidas fue precedida por intensas negociaciones con la industria, incluidos los agricultores y las autoridades competentes de los Estados miembros. A pesar de que estas medidas resultarán en costes adicionales para la industria, han sido tomadas de forma específica, de modo que su coste anual será tan sólo un pequeño porcentaje del perjuicio económico derivado de un incidente por dioxinas. Se espera quer el proyecto de Reglamento que ha recibido la opinión positiva de los Estados miembros por mayoría cualificada en el seno del Comité Permanente, entre en vigor a mediados de 2012.