La Comisión de Mercado Interior del Parlamento Europeo ha aprobado una resolución no legislativa en la que propone un pasaporte electrónico de contratación pública que podrían hacer licitaciones para contratos públicos menos engorroso y costoso para las pequeñas y medianas empresas (PYMEs).

Según la última resolución no legislativa aprobada por la Comisión de Mercado Interior, un pasaporte de contratación pública ayudaría a las PYMEs en las licitaciones para la contratación pública. Esto significa que los contratos podrían ser menos engorrosos y costosos para ellos. Las PYMEs ganan sólo el 31%-38% de los contratos públicos por valor de, mucho menos que su cuota global en la economía (52% del volumen de negocios), se sugiere que deberían. Los eurodiputados subrayaron que debe ser una prioridad europea eliminar las barreras administrativas para las PYMEs, con medidas que podrían incluir el uso de auto-declaraciones de conformidad y solicitando los documentos originales sólo de los candidatos preseleccionados o el adjudicatario. También, dividiendo los contratos públicos en lotes que dar a las PYMEs una mejor oportunidad de hacer una oferta.

El informe aprobado es la respuesta de la Comisión de Mercado Interior al Libro Verde publicado el 27 de enero de 2011. En el informe se plantea la posición de los eurodiputados antes de la propuesta legislativa que la Comisión propondrá antes de finales de este otoño, para revisar la normativa europea sobre contratación pública. Esta normativa se aplica a los contratos entre las autoridades públicas y las empresas privadas de suministros, obras y servicios. La Comisión de Mercado Interior también ha pedido a la Comisión Europea que evalúe el nivel apropiado de los umbrales de los contratos de suministros y servicios para facilitar el acceso a la contratación pública, entre otros, a las organizaciones sin ánimo de lucro y a operadores de la economía social, así como las PYMEs.

Además en la resolución se recomienda que el criterio de "precio más bajo" no sea el factor determinante en la adjudicación de contratos. Debe ser reemplazado por el de la oferta económicamente más ventajosa teniendo en cuenta los beneficios económicos, sociales y ambientales, también conociendo los costes de los productos, servicios y obras pertinentes. Ampliando los criterios y, sistemáticamente admitiendo ofertas alternativas (o variantes) se permitirá a los licitadores proponer soluciones innovadoras y por lo tanto también fortalecer la posición de las PYMEs.