El Informe Especial publicado por el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) muestra que gracias a las ayudas europeas agroambientales muchos agricultores aplican ahora prácticas que son más sostenibles de lo que hubieran sido sin ella. Sin embargo la evaluación del TCE también muestra que existen problemas muy importantes en lo que respecta a la cuantía de las ayudas.

La auditoría de gestión del Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) sobre las ayudas agroambientales llega a la conclusión de forma general que se ha avanzado significativamente en los veinte años transcurridos desde la introducción de esta política. Muchos agricultores aplican ahora prácticas que son más sostenibles y además la auditoría muestra una serie de ejemplos de buenas prácticas en distintas zonas.

Sin embargo el TCE también formula una serie de recomendaciones para mejorar la aplicación de la política medioambiental, sobre todo teniendo en cuenta que las ayudas agroambientales, que representan 2.500 millones de euros de gastos anuales de fondos europeos. La Comisión debería orientar con mayor precisión el gasto a necesidades específicas en materia de medio ambiente para el próximo período de programación, mientras que los Estados miembros deberían recopilar y comunicar datos pertinentes y fiables sobre beneficios medioambientales y hacer uso de ellos con fines de control. El Tribunal considera que los agricultores recibían en general el apoyo oportuno en forma de orientación adecuada, pero recomienda mejorar la difusión de buenas prácticas.

Estas recomendaciones surgen a raiz de las constataciones realizadas por la auditoria respecto a los problemas encontrados a la hora de gestionar las ayudas, ya que se han observado problemas muy importantes en lo que respecta a la cuantía de las ayudas, que van desde fallos en su cálculo hasta una falta de diferenciación según las circunstancias regionales o locales. Además los Estados miembros, pese a su obligación de facilitar los fondos de acuerdo con necesidades específicas, no tomaban en consideración el grado deseable de adaptación a sus necesidades con arreglo a un análisis de los costes y beneficios previstos. La auditoría también constató que los objetivos estaban descritos por lo general con demasiada vaguedad para ayudar a determinar su grado de consecución y la política no estaba concebida ni supervisada para aportar beneficios medioambientales tangibles.