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La propuesta de Directiva tiene por objeto aumentar la competencia en el mercado del transporte ferroviario a través de unas condiciones de acceso al mercado más transparentes y además facilitar el acceso al mismo, por ejemplo, exigiendo un acceso mejor (y en algunos casos, garantizarlo) a los servicios relacionados con el ferrocarril o con el establecimiento de reglas explícitas sobre conflictos de intereses y prácticas discriminatorias en el sector ferroviario. También se pueden requerir “declaraciones de la red” más detalladas, es decir, documentos publicados anualmente de modo que aquellos que accedan por primera vez al mercado pueden ver claramente las características de la infraestructura disponible y las condiciones para su uso.

Además, la propuesta refuerza el poder de los reguladores nacionales de ferrocarriles para que puedan hacer que la normativa se cumpla: se proponen medidas como la ampliación de competencias de los reguladores nacionales para servicios relacionados con el ferrocarril, lo que requiere la independencia de los reguladores nacionales de ferrocarriles de cualquier otra autoridad pública, el fortalecimiento de los poderes de estos (en términos de sanciones, de auditoría, los procedimientos de apelación y de oficio los poderes de investigación) y el establecimiento de la obligación impuesta a estos organismos para cooperar con sus homólogos en las cuestiones transfronterizas.

Las nuevas normas sobre financiación de la infraestructura y el pago tienen como objeto desarrollar una armonizada "arquitectura financiera" para fomentar la inversión. Las medidas propuestas incluyen que se organicen estrategias nacionales a largo plazo y acuerdos plurianuales entre el Estado y los administradores de infraestructuras (como vincular la financiación a los resultados y planes de negocio) y se requieren normas de infraestructura más precisas. Las nuevas normas de pago también estimularán la inversión privada en tecnologías verdes y la interoperabilidad.

En resumen, la nueva normativa establecerá un mercado ferroviario más competitivo por garantizar un acceso equitativo a las infraestructuras ferroviarias y a los servicios relacionados con el ferrocarril, se fortalecerá a los reguladores nacionales y mejorará el marco para la inversión en ferrocarriles. Ahora, la propuesta se votará en el Parlamento Europeo en primera lectura antes de convertirse en ley. Este voto está previsto para principios de otoño de 2011. Con voluntad política, el texto final podría ser adoptado en el primer semestre de 2012.