La Comisión Europea ha adoptado hoy un informe en el que se evalúa la Directiva que impuso la conservación de datos como respuesta a los problemas urgentes en materia de seguridad tras los  atentados terroristas de Madrid en 2004 y Londres en 2005. En particular se examina la forma en que los Estados miembros han incorporado la Directiva a sus legislaciones y la utilización de los datos conservados y sus repercusiones sobre los operadores y los consumidores.

El informe llega a la conclusión de que la conservación de datos de telecomunicaciones es importante para proteger a la población frente a los daños provocados por delitos graves como fueron los atentados anteriormente citados, ya que dichos datos facilitan pruebas vitales para resolver los delitos y garantizar que se haga justicia. No obstante, en el informe se recogen las desigualdades a la hora de incorporar la Directiva 2006/24/CE a las legislaciones nacionales. Por ejemplo, los periodos de conservación de los datos varían entre seis meses y dos años, y los fines para los que puede accederse a los datos, y utilizarlos, así como los procedimientos legales para acceder a ellos, varían considerablemente.

Asimismo esta Directiva tampoco garantiza que los datos sean almacenados, recuperados y utilizados respetando plenamente el derecho a la intimidad y a la protección de los datos personales, por lo que en algunos Estados miembros los tribunales han anulado la legislación que incorporaba la Directiva. Por este motivo, la Comisión revisará esta norma y propondrá un marco jurídico mejorado después de consultar y trabajar con la policía, el poder judicial, la industria, las autoridades en materia de protección de datos y la sociedad civil.

Las autoridades policiales y aduaneras de la mayoría de los Estados miembros han confirmado que los datos conservados son fundamentales para la eficacia de las investigaciones criminales pero las autoridades de protección de datos han criticado por su parte la Directiva porque no limita lo suficiente la conservación de datos ni ofrece garantías suficientes sobre la forma en que se almacenan los mismos, se accede a ellos y se utilizan. De ahí la importancia de consultar a los interesados antes de realizar la modificación de esta norma. Los resultados de esta consulta se incorporarán a una evaluación de impacto como base para la futura propuesta.