La Comisión Europea ha publicado una evaluación del acuerdo de 2004 que pretende garantizar un nivel mínimo de protección contra el estrés del trabajo, concluyendo que ha tenido efectos positivos en la práctica. En particular los esfuerzos han conducido a la evolución política en los 12 Estados miembros en los que se había hecho poco antes en esta materia. Aunque el acuerdo no se ha aplicado de manera uniforme en todos los países, 19 Estados miembros contemplan el estrés y otros riesgos psicológicos en la legislación o en los convenios colectivos vinculantes.

Durante los últimos diez años, el estrés laboral ha aumentado en nueve Estados miembros y sólo ha caído en Suecia. Los estudios sugieren que entre el 50% y 60% de los días laborales está vinculado al estrés. En Francia, por ejemplo, el costo del estrés llega ha alcanzar de 2 a 3 mil millones de euros cada año. En el Reino Unido se estima que 10 millones de días laborables se pierden debido a la ansiedad, el estrés y la depresión vinculados al trabajo. Los costos directos relacionados con el estrés en el trabajo se estima que sean el 4% del PIB de la UE. En respuesta a estos acontecimientos, los trabajadores europeos y los empleadores llegaron a un acuerdo en 2004 para garantizar un nivel mínimo de protección contra el estrés en el trabajo. 

El acuerdo de 2004 de los interlocutores sociales - celebrado por todos los interlocutores sociales europeos (Business Europe, UEAPME, el CEEP y la ETUC) - tiene como objetivo aumentar la concienciación sobre el estrés relacionado con el trabajo y proporcionar un marco para la acción. El papel de los empleadores es identificar los factores de riesgo para el estrés; consultar a los trabajadores sobre la reestructuración y las nuevas tecnologías, y prestar apoyo a las personas y equipos.

La evaluación de la Comisión del acuerdo del 2004 concluye que este ha disparado con éxito el diálogo social y la evolución de las políticas en materia de estrés laboral en la mayoría de los Estados miembros. Las normas sobre el estrés relacionado con el trabajo han sido consagrados en diferentes formas a través de acuerdos con los interlocutores sociales colectivos o generales, directrices o legislación.

Al mismo tiempo, el acuerdo no se ha aplicado de manera uniforme en toda Europa. Los interlocutores sociales en Malta, Chipre, Polonia y Eslovenia no han informado sobre el seguimiento de sus compromisos y resultados y en Bulgaria, la República Checa, Alemania y Estonia han estado a la altura de las expectativas. El informe hace hincapié en cómo las mejoras deben realizarse en todos los ámbitos.