El pleno del Parlamento Europeo ha exigido normas más estrictas para mejorar la gestión de los residuos eléctricos y electrónicos que se producen en la UE. En su propuesta, los diputados demandan nuevos objetivos de recogida, reciclaje y reutilización, así como medidas para reducir la carga administrativa de las empresas y normas para prevenir la exportación ilegal de estos residuos a países en desarrollo.

En la resolución votada por el pleno del Parlamento, la Cámara ha enviado un mensaje claro a las autoridades públicas, los fabricantes y los consumidores de que tienen que poner algo de su parte para garantizar la recogida y el reciclaje de más productos eléctricos y electrónicos. Las modificaciones aprobadas por los eurodiputados hacen referencia a una propuesta de la Comisión para la revisión de la Directiva de residuos electrónicos de 2003.

En su propuesta, el Parlamento Europeo exige que los Estados miembros recojan, a más tardar en 2016, un mínimo del 85% de los residuos generados en su territorio, llegando a recoger en 2012 al menos cuatro kilos de residuos por persona o, según represente mayor cantidad, el peso de los residuos que se hayan recogido en 2010.

En el caso del reciclaje, la Cámara entiende que el tratamiento de los residuos eléctricos y electrónicos puede servir para recuperar materiales reutilizables contribuyendo por tanto a asegurar parte del abastecimiento de materias primas críticas actualmente también en discusión en el seno de la Unión. La Eurocámara recomienda por tanto unos objetivos de reciclaje para 2016 del 50% al 75%, dependiendo de la categoría del producto, y exige que se prepare para la reutilización el 5% de los residuos.

Para lograr estos objetivos, los productores de bienes eléctricos y electrónicos deberían respetar los requisitos de diseño ecológico facilitando el desarmado, el reciclaje y la reutilización de sus productos y reducir las emisiones de sustancias peligrosas.

Entre las normas para facilitar el proceso de gestión de los recursos, el Parlamento propone algunas medidas para que los consumidores se puedan desprender más fácilmente de estos residuos, habilitando por ejemplo puntos de recogida en los centros de venta o la obligación de los vendedores a distancia de facilitar esta gestión. Se propone además unificar los sistemas de registro e información y evitar la doble imposición de tasas para reducir la carga administrativa de las empresas, así como reducir el número de categorías de productos para simplificar los trámites.

Algunas excepciones a las normas de gestión de recursos eléctricos y electrónicos

Todos los residuos eléctricos y electrónicos estarán cubiertos por la normativa, salvo algunas excepciones, como las instalaciones fijas de gran envergadura, los medios de transporte de personas o mercancías y los vehículos y el material militar. Los diputados proponen excluir también los módulos fotovoltaicos utilizados en los paneles solares. Esta medida, que estará sujeta a revisión cada cinco años, se debe a que el tratamiento de estos productos debe ser realizado por profesionales y ya existen objetivos específicos en este sector.

Finalmente, los diputados exigen hacer frente a la exportación ilegal de residuos eléctricos y electrónicos desde la UE, que en ocasiones son procesados en condiciones poco seguras, lo cual supone un riesgo para la salud y el medio ambiente. La Eurocámara apoya las propuestas de la Comisión de introducir inspecciones más estrictas de los cargamentos.