Con la ratificación oficial por parte de la Unión Europea, ésta pasa a ser parte del primer tratado jamás celebrado sobre derechos humanos, la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, cuyo objeto consiste en garantizar que las personas con discapacidad puedan gozar de sus derechos en términos de igualdad con todos los demás ciudadanos. Se trata del primer tratado exhaustivo sobre derechos humanos ratificado por el conjunto de la Unión Europea.

Mediante la ratificación del texto de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, la Unión Europea se convierte en la 97ª parte en este tratado, que también ha sido firmado por los 27 Estados miembros y ratificado por 16. Entre ello, España firmó dicha Convención el 30 de marzo de 2007 y ratificó el texto el 3 de diciembre del mismo año, haciéndolo tanto para la Convención como para el protocolo adicional que la acompaña.

Al igual que España, la Unión Europea firmó la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad en el día de apertura para su firma, el 30 de marzo de 2007. Tras la conclusión del procedimiento de ratificación, el conjunto de la Unión Europea es actualmente la primera organización internacional que ha llegado a ser parte oficial en la Convención.

Esta ratificación refleja el compromiso global de la Unión Europea de cara a construir una Europa libre de barreras para los aproximadamente 80 millones de personas con discapacidad de la Unión Europea, tal como se establece en la Estrategia de la Unión Europea en materia de discapacidad adoptada en noviembre de 2010.

La Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad

La Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad exige de las partes que las personas con discapacidad puedan gozar plenamente de sus derechos en igualdad de condiciones con todos los demás ciudadanos. Por lo que respecta a la Unión Europea, ello implica garantizar que toda la legislación, las políticas y los programas a nivel de la Unión Europea cumplen las disposiciones de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, dentro de los límites de las responsabilidades de la Unión Europea. Los países ratificadores, como lo son los Estados miembros de la Unión Europea, deberán adoptar medidas en los siguientes ámbitos: acceso a la educación, empleo, transporte, infraestructuras y edificios abiertos al público, concesión del derecho de voto, mejora de la participación política y garantía de la plena capacidad jurídica de todas las personas con discapacidad.

Las partes que hayan ratificado la Convención deberán informar periódicamente al Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad acerca de las medidas adoptadas para aplicar la Convención. El Comité, compuesto por expertos independientes, señalará las posibles deficiencias en la aplicación de la Convención y efectuará recomendaciones.