La Comisión Europea ha aprobado una propuesta de Reglamento del Consejo en materia de ayudas estatales para facilitar el cierre de las minas de hulla deficitarias de la Unión antes del 1 de octubre de 2014. El objetivo de la Comisión es establecer los mecanismos oportunos para facilitar el cierre de las instalaciones deficitarias, asegurando el menor impacto social posible. España será uno de los estados más afectados ya que existe un importante número de instalaciones mineras que dependen de las subvenciones de funcionamiento.

El objetivo de la propuesta de Reglamento adoptada por la Comisión es poner fin a las subvenciones de funcionamiento concedidas a las minas no competitivas, algo muy parecido a lo que se ha hecho en el caso de los sectores siderúrgico y de la construcción naval. Por el contrario, las subvenciones estatales deben dirigirse de forma creciente a financiar las implicaciones sociales y ambientales del cierre de estas minas deficitarias. El Reglamento propuesto se refiere a la hulla. El lignito es un tipo diferente de carbón, que no pueden recibir subvenciones de funcionamiento.

En el marco del Reglamento propuesto, las subvenciones de funcionamiento tendrían que ser claramente decrecientes en el tiempo, con una reducción de al menos el 33 % por un período de 15 meses y, en caso de que la mina deficitaria no haya sido cerrada a 1 de octubre de 2014, el beneficiario tendría que devolverlas al Estado. Cualquier ayuda al cierre debe estar supeditada a la presentación por parte del Estado miembro de un plan de medidas apropiadas, por ejemplo en el ámbito de la eficiencia energética, las energías renovables o la captura y el almacenamiento de carbono, para mitigar los efectos ambientales negativos de las ayudas al carbón.

El Reglamento propuesto seguirá ofreciendo a los Estados miembros un marco jurídico común para abordar los costes de asesoría y formación de los trabajadores de las minas deficitarias para que encuentren otros puestos de trabajo, los costes de las jubilaciones anticipadas para aquellos que dejen de formar parte de la población activa y la incidencia en sectores afines como los de la tecnología minera, la geología o las tecnologías ambientales. Además de los costes sociales, también hay que contar los costes ambientales en que se incurre con la limpieza de las explotaciones, la eliminación de aguas residuales, las tareas de seguridad subterránea y otros costes de rehabilitación.

Por una paulatina adaptación del sector de la minería de carbón

Prohibir las ayudas de funcionamiento a partir de finales de 2010, cuando expira el Reglamento actualmente en vigor, tendría terribles consecuencias sociales y económicas para una serie de regiones en las que el empleo en las minas de carbón sigue siendo importante, en un momento en que los países se encuentran sumidos en una recesión o a penas saliendo de ella. También podría producir un incremento de las emisiones climáticas al tener que transportarse una mayor cantidad de carbón desde fuera de la UE para compensar por el descenso de la producción europea.

El sector da trabajo a unas 100.000 personas en Europa: 42.000 en el sector hullero propiamente dicho y más de 55.000 en industrias afines. Las minas que dependen de las subvenciones de funcionamiento están situadas principalmente, aunque no exclusivamente, en la región alemana del Ruhr, en el noroeste de España y en el valle del Jiu en Rumanía. Aproximadamente el 25% de la electricidad de España se produce a partir de la combustión del carbón, casi la mitad a partir de la hulla.

Hacia fuentes de energías más limpias y sostenibles

La UE se está orientando con rapidez hacia fuentes de energía más limpias y renovables, un objetivo en el que ocupa un puesto de liderazgo en el mundo, tanto por razones ambientales como de seguridad de suministro. Tal como ponía de manifiesto un informe publicado recientemente por el Centro Común de investigación Europeo, las energías renovables (hidroeléctrica en primer lugar, seguida de la eólica, la biomasa y la solar) supusieron el 62 % de la nueva capacidad de generación eléctrica instalada en la UE en 2009, frente al 57 % de 2008. Si se mantiene la tendencia actual, aproximadamente entre el 35 % y el 40 % de toda la energía que se consuma en la UE procederá de fuentes renovables, netamente por encima del objetivo del 20 % que se ha fijado la propia UE. Este porcentaje es del 15,4 % y del 20,6 %, respectivamente, en Alemania y España.