Los europeos deben ser capaces de controlar los microprocesadores inteligentes y, al mismo tiempo, de utilizarlos con facilidad para simplificar su vida cotidiana. Hay ya más de 6 000 millones de microprocesadores inteligentes, dispositivos microelectrónicos que pueden integrarse en diversos objetos de uso cotidiano, desde frigoríficos hasta abonos de transporte. Gracias a su tecnología de identificación por radiofrecuencias (RFID), pueden procesar datos automáticamente al acercarlos a «lectores» que los activan, captan su señal radioeléctrica e intercambian datos con ellos.

La Comisión Europea ha adoptado una serie de recomendaciones destinadas a garantizar que todos los que participan en el diseño o la puesta en funcionamiento de tecnologías que utilizan microprocesadores inteligentes respetan el derecho fundamental de las personas a la intimidad y la protección de datos, contenido en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea proclamada el 14 de diciembre de 2007.

La utilización de microprocesadores inteligentes que permitan la comunicación entre objetos tiene un claro potencial económico. Ahora bien, la nueva tecnología no debe coger desprevenidos a los europeos, y ése es el motivo por el que la Comisión ha publicado una serie de recomendaciones dirigidas a la industria. Los consumidores europeos deben tener la seguridad de que cuando se trate de sus datos personales, su intimidad será inexpugnable aunque cambie el entorno tecnológico. Por consiguiente, la Comisión quiere que la tecnología RFID permita a los consumidores controlar la protección de sus datos, y esa será la mejor manera de garantizar su éxito económico. No hay que olvidar que la cuota de mercado europea en el mercado mundial de los microprocesadores inteligentes llegará al 35 % en los próximos ocho años.

Los microprocesadores inteligentes, o etiquetas de RFID tienen ya una enorme repercusión en las actividades empresariales, los servicios públicos y los productos de consumo, desde una mayor eficacia del reciclaje y la asistencia sanitaria hasta una disminución del tiempo que se tarda en los peajes o en la recogida del equipaje en los aeropuertos. Con el propósito de que Europa esté preparada para estos cambios, la Comisión ha expuesto unos principios básicos para proteger la intimidad y los datos cuando se utilicen estas tecnologías:

• Los consumidores deben poder controlar si los productos que compran en las tiendas utilizan o no microprocesadores inteligentes. Cuando compren productos que contengan microprocesadores, éstos deberán ser desactivados de manera automática, inmediata y gratuita en el punto de venta.
• Las empresas o los organismos públicos que utilicen microprocesadores inteligentes deben dar a los consumidores información clara y sencilla para que comprendan si serán utilizados sus datos, el tipo de datos que serán recogidos y con qué fin. Deben proporcionar también un etiquetado claro que identifique los dispositivos que «leen» la información almacenada en los microprocesadores inteligentes, así como un punto de contacto al que puedan dirigirse los ciudadanos para obtener más información.
• Las asociaciones y organizaciones de comercio minorista deben facilitar que los consumidores reconozcan los productos que contienen microprocesadores inteligentes mediante un signo europeo común que indique si en un producto se está utilizando uno de estos microprocesadores.
• Las empresas y los organismos públicos deben realizar evaluaciones de las consecuencias para la protección de datos y la intimidad antes de utilizar microprocesadores inteligentes. Estas evaluaciones, supervisadas por las autoridades nacionales de protección de datos, deben garantizar que los datos personales están seguros y bien protegidos.

En 2008 se vendieron en todo el mundo 2 200 millones de etiquetas de RFID, como las que se utilizan en las cabinas de peaje o para identificar contenedores de transporte; aproximadamente un tercio de ellas se vendió en Europa. Se calcula que el valor del mercado mundial de las etiquetas de RFID fue de 4 000 millones de euros en 2008 y que crecerá hasta alcanzar los 20 000 millones de euros para 2018.

Los Estados miembros tienen ahora dos años para informar a la Comisión de las medidas que prevén adoptar a fin de realizar los objetivos de la Recomendación. Dentro de tres años, la Comisión informará sobre la aplicación de la Recomendación, incluyendo un análisis de su repercusión en las empresas y los organismos públicos que utilizan microprocesadores inteligentes, así como en los ciudadanos.

La Comisaria comunitaria de Sociedad de la Información y Medios de Comunicación Viviane Reding, en un mensaje de video emitido este mismo año, ya anunció que la Comisión actuaría para proteger el derecho a la intimidad de los ciudadanos en medio de la era digital, y que uno de los ámbitos de acción sería el de las etiquetas de RFID.